Almunia defiende una reforma del sistema de elección de los alcaldes
El ministro para las Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, expresó ayer su opinión favorable a una reforma de la legislación sobre corporaciones locales que contribuya a garantizar la estabilidad de los equipos de gobierno de los ayuntamientos. Almunia hizo este comentario, sin otras precisiones, en el curso de un almuerzo-coloquio en el club Siglo XXI.En ese mismo acto, el ministro reiteró la propuesta gubernamental de llegar a un pacto autonómico con los partidos políticos estatales, primero, y las instituciones de las comunidades autónomas después.
Como representante del Gobierno en la negociación de dicho pacto, Almunia afirmó que en la reunión mantenida el pasado martes con José María Aznar, vicepresidente nacional del PP, se sorprendió de que los populares "renuncien a trabajar para elaborar una propuesta y piden al Gobierno que sea él quien elabore las soluciones. Cuando se tiene voluntad de llegar a un entendimiento, hay que sentarse a una mesa y empezar a negociar los términos concretos del acuerdo. No se puede adoptar la actitud de desentenderse de los detalles y pedir al interlocutor una propuesta para después decidir si se suscribe o no", insistió Almunia.
El ministro para las Administraciones Públicas precisó que la posible transferencia a 10 comunidades autónomas de competencias no previstas en sus estatutos se refiere al ámbito laboral, al sector de la energía y la minería, a los juegos de azar y a las corporaciones de derecho público. El Gobierno y el PP acordaron abordar de una forma específica y diferenciada las transferencias en materia de educación e Insalud.
Pese a las discrepancias surgidas el martes, Almunia expresó su confianza en avanzar próximamente en la negociación con el Partido Popular. Respecto a la marginación del CDS, aseguró que ni ha recibido propuesta de diálogo por su parte, ni los centristas han respondido a las invitaciones que él les ha hecho.
El partido centrista, a su vez, distribuyó una nota en la que califica las conversaciones del pacto autonómico de "ejercicio de entretenimiento político".
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