¿Por qué no fue posible un acuerdo?

El pasado mes de febrero se daban por finalizadas, sin resultados positivos, las negociaciones mantenidas por el Gobierno y1os sindicatos en torno a las reivindicaciones que en buena medida habían dado lugar al paro general del día 14 de diciembre. Las expectativas abiertas en nuestra sociedad, que esperaba una reconsideración en la actitud de distanciamiento, cuando no de confrontación, mantenida por el Gobierno hacia las organizaciones sindicales, que esperaba que la Administración socialista diera a su política económica y a sus formas de gobernar un giro más social, más acorde a las necesidades de su base social, se saldaron con un fracaso.El Gobierno no entendió lo que significó el 14-D y no tuvo la necesaria inteligencia política y sensibilidad social para asumir que no es posible, para alguien que se llama socialista, gobernar alejado de las demandas de los trabajadores y enfrentado a las organizaciones sindicales.

Recientemente, en Italia, país próximo a nosotros política, cultural y económicamente, el Gobierno, en el que también se sientan socialistas, negociaba con los sindicatos y llegaba a un acuerdo satisfactorio ante el anuncio de una movilización general. Sin duda, son otras formas de entender la acción de gobierno y, sobre todo, de comprender la importancia que para un país tiene el consenso social.

Son lecciones que debemos aprender, ya que, desde mi punto de vista, lo más grave de la ruptura de las negociaciones no es solamente el no haber conseguido las reivindicaciones que motivaron el paro general. Lo que adquiere una mayor importancia es la gran frustración que cada vez con más intensidad sienten los sectores; de nuestra sociedad que apostaron decididamente por el cambio en 1982.

En este sentido, es lamentable constatar cómo se ha actuado ante la impresionante manifestación de descontento social que supuso el 14-D. Con este comportamiento, el Gobierno ha cometido dos importantes errores en muy poco tiempo: primero, por ignorancia del descontento latente 3t que se expresó con contundencia y sin ambigüedades; segundc, porque no supo recoger lo que (le positivo para un proyecto político progresista había en ese impulso social manifestado en el paro general.

Los dos errores son consecuencia de una evidente obstinación y de una muy particular manera de entender la autoridad del Gobierno. Las consecuencias que se deriven no serán, en cualquier caso, positivas para nuestro país.

Demandas sociales

Con esta forma de entender lo que es gobernar difícilmente se puede avanzar en profundizar la democracia, en vertebrar la sociedad; es decir, en reconocer el papel de las organizaciones intermedias en la canalización de demandas sociales y en la necesidad de atender estas demandas siempre que sean justas y posibles, como ocurre en estos momentos con las reivindicaciones del movimiento sindical.

Fortalecer las organizaciones intermedias es vital para que los ciudadanos sientan que el vivir en democracia es algo más que votar cada cuatro años y que la participación es fundamental para conseguir que se resuelvan positiva y negociadamente los conflictos.

Que una tendencia a alejarse de la participación se instaure en la sociedad puede ser el mayor fracaso del Gobierno tras el 14 de diciembre.

A este respecto, la actuación de la Administración después del paro general ha ahondado, consciente o inconscientemente, en esa tendencia, ya que se planteó recuperar la iniciativa que había perdido no buscando el logro del consenso social, el acuerdo con los sindicatos, sino más bien agrandando la brecha que la separaba de ellos.

El Gobierno es consciente -lo reconoce públicamente de que ha recibido un importante revés en su credibilidad y que este golpe proviene fundamentalmente de su base social. Igualmente, piensa que el margen de actuación de los sindicatos es limitado y que sobre ellos va a recaer una gran responsabilidad y presión social.

Como consecuencia de este análisis actuó con dos objetivos muy precisos: reducir el gran capital moral acumulado por las centrales tras el éxito del paro o intentar demostrar a la opinión pública que los sindicatos no teníari. voluntad de llegar a un acuerdo y que sus posiciones eran poco flexibles e intransigentes.

En relación a la posición de los sindicatos, y en especial de la UGT- debe reconocerse que sobre el principal motivo de desacuerdo, el 48% de cobertura de desempleo, teníamos un margen de maniobra muy limitado, y esto es así por pura coherencia, porque se trataba de hacer cumplir un acuerdo que se negoció en 1984, que se firmó por el presidente del Gobierno y que llevaba cuatro años sin cumplirse. Se puede pedir flexibilidad en una negociación, pero lo que no es de recibo es incumplir un acuerdo y querer renegociarlo a la baja cuatro años después.

Concesiones

No obstante, y en este punto en concreto, los sindicatos realizamos concesiones en un intento de aproximar posturas: planteamos gradualizar la aplicación de la prestación por desempleo, de manera que el coste de financiación no fuera excesivamente elevado en el ejercicio presupuestario del presente año; propusimos concretar los colectivos y las personas desempleadas para posteriormente proteger las situaciones de necesidad de cada uno de ellos, y aceptamos que todo el esfuerzo se realizara en el nivel asistencial (de mucho menor coste que el contributivo), lo que representaba una reducción de 120.000 millones sobre la petición de las centrales, que se estableció inicialmente en 270.000 millones de pesetas.

Igualmente, no se gestionó como inflexible y rígida la petición de recuperar dos puntos del poder adquisitivo perdidos por los colectivos que dependen de los presupuestos generales, cuando la inflación había superado las previsiones en 2,8 puntos. Además, en este capítulo, los sindicatos propusimos que para los funcionarios la recuperación de los dos puntos se efectuara sobre las retribuciones básicas y no sobre todos los conceptos, con el ahorro consiguiente, que intervienen en su nómina.

Con similar voluntad actuamos en lo referente a la equiparación de las pensiones mínimas contributivas al SMI y en lo concerniente al derecho de los empleados públicos a la negociación colectiva.

En resumen: la firma no era un problema de rígidas posiciones sindicales o de dinero, aunque fuera un acuerdo caro (como no podía ser de otra manera después de un paro general). El desacuerdo no es achacable a inflexibilidad negociadora, tiene otras motivaciones claramente políticas: el Gobierno, a pesar de su aparente humildad, no había encajado el golpe del 14-D y no admitía suscribir un acuerdo fruto de dicha fecha, no quería, con la firma, reconocer errores que justificaran el paro general y seguía echando un pulso a los sindicatos. Igualmente, no estaba interesado por llegar a un acuerdo que no avalaba su política económica, que no le garantizaba la paz social y que suponía de hecho fortalecer el movimiento sindical.

Éstas son, desde mi punto de vista, las principales claves de por qué no fue posible el acuerdo.