El casino de La Manga adeuda a Hacienda mas de 250 millones de pesetas
El casino de La Manga del Mar Menor (Murcia) debe a Hacienda más de 250 millones de pesetas por tasas de juego, una de las deudas fiscales más importantes contraídas por un casino en España desde que s legalizó el juego. El déficit empezó a acumularse dos años después de la apertura del establecimiento -22 de noviembre de 1978- por la negativa de la empresa a liquidar esas tasas a la Administración, alegando que se trata de impuestos no constitucionales. El conflicto enturbia aún más las tensas relaciones que desde hace años mantiene la empresa propietaria del casino -Azarmenor, SA- con la Administración y podría incidir de forma negativa en la renovación de su licencia, que expira el próximo octubre.
El casino de La Manga y Hacienda mantienen desde 1980 una situación de permanente conflicto, por la negativa de la empresa Azarmenor, SA, propietaria del establecimiento y titular de la licencia, a liquidar a la Administración las tasas de juego establecidas por el Gobierno. La Administración ha requerido en reiteradas ocasiones a la empresa para que abone esta deuda y le ha impuesto los recargos y sanciones previstos por la legislación. Estas tasas -fijadas en proporción a los ingresos o ganancias brutas de las que se deducen las pérdidas o ganancias totales de los jugadores- son satisfechas puntualmente por la mayoría de los casinos de España. Un representante de la Asociación Española de Casinos, que agrupa a 18 establecimientos entre los que no se encuentra el de La Manga, aseguró que todas las sociedades miembros de la organización están al corriente de sus pagos con Hacienda.El conflicto fiscal de Azarmenor ha originado una quincena de procedimientos judiciales, dos de los cuales se encuentran pendientes de resolución ante el Tribunal Supremo. Portavoces de la empresa han manifestado su intención de agotar todas las vías judiciales a su alcance, para llegar, si es necesario, al Tribunal Constitucional, antes de abonar este impuesto a Hacienda.
"Cero pesetas"
Las declaraciones oficiales de Azarmenor sobre las pretendidas justificaciones legales para no pagar las tasas de juego se contradicen con las numerosas entrevistas y conversaciones que sus representantes han mantenido con los de Hacienda para intentar llegar a un acuerdo sobre el conflicto y establecer una fórmula de pago pactada y aplazada.Azarmenor asegura, sin embargo, que no se trata de una deuda en el sentido estricto, ya que cada trimestre presenta puntualmente las correspondientes autoliquidaciones por tasas de juego, y consigna como cuota por pagar a la Administración la cantidad de "cero pesetas". Esta declaración ocasiona la consiguiente reacción de los servicios de recaudación de Hacienda y la apertura de un procedimiento administrativo y judicial. Para recurrir judicialmente este impuesto, Azarmenor debe consignar las pertinentes fianzas proporcionales a la deuda.
El boicoteo a las tasas se fundamenta, según el mismo portavoz de Azarmenor, en una crítica al decreto ley de 25 de febrero de 1977, en el que se establecen las tasas fiscales sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, y del que se desprende asimismo la tasa del juego a los casinos. El decreto se contradice con la Constitución, la cual garantiza que todos los impuestos serán refrendados por el Parlamento. En opinión de Azarmenor, este control parlamentario no se ha cumplido en el caso de las tasas a los casinos.
La Comisión Nacional del Juego impuso, en junio de 1985, al casino de La Manga una sanción de seis meses de cierre por una deuda fiscal de 100 millones contraída durante el período comprendido entre 1981 y 1984. La orden de clausura fue ejecutada en marzo de 1986, pero fue recurrida por los servicios jurídicos del casino, y dos días después se restableció la reapertura del centro, por un acuerdo de la Audiencia Nacional. Pocos días después, Interior insistió en la orden de cierre, pero la Audiencia Nacional revocó la decisión.
Azarmenor inició un procedimiento judicial y reclamó la anulación de la decisión de la Administración, a la que acusa de incumplir las garantías legales y administrativas previas al cierre del local. Si este procedimiento judicial se cierra con una sentencia favorable a los intereses del casino, sus administradores piensan reclamar una indemnización por los daños económicos sufridos durante los tres días que el establecimiento permaneció inactivo.
Pero además de este conflicto jurídico-administrativo, el casino de La Manga mantiene otros tres pleitos contra la Administración por diversos acuerdos adoptados con respecto a su establecimiento -precinto de 29 máquinas de juego, clausura de una sala de bingo anexa al casino y denegación de determinados elementos y equipos de juego-, de los que reivindica su nulidad y una indemnización total de 125 millones de pesetas.
Mientras continúa la polémica judicial, aumenta el débito fiscal. Según han confesado los propios responsables del casino la deuda se eleva ya a más de 250 millones de pesetas. Pero este déficit por sí solo no puede poner en peligro la renovación de la licencia de explotación y apertura del casino, que expira el próximo 3 de octubre, según ha declarado un portavoz de la empresa. En opinión de este alto directivo, no se puede negar la renovación de la licencia del casino a Azarmenor por razones fiscales, ya que éste es un asunto que se está pendiente de resolución por los tribunales. Tampoco se puede negar la renovación de la licencia a partir de las reiteradas sanciones impuestas contra el establecimiento por infracciones administrativas, ya que éstas también han sido recurridas judicialmente y no tienen el carácter de firmes, según el citado portavoz. Entre 1978 y 1987 la Administración había incoado a este casino un total de 25 expedientes disciplinarios, con sanciones económicas que totalizaban cerca de seis millones de pesetas. Sólo una de estas sanciones puede ser considerada jurídicamente firme. Se trata de una multa de 400.000 pesetas impuesta por el uso irregular en el establecimiento de unas máquinas tragaperras.
