Ancha es Castilla

Las recientes denuncias sobre quemas de residuos tóxicos en los páramos burgaleses y los planes de construir un almacén de pararrayos radiactivos en Bocigas, a 50 kilómetros de Valladolid, han vuelto a poner de actualidad un problema que preocupa desde hace meses en Castilla y León: el temor a que esta región se convierta en un inmenso basurero, en el estercolero de Espar-la. Ecologistas, asociaciones vecinales, consumidores e intelectuales han comenzado a hacer oír sus voces contra un fenómeno que se repite con excesiva frecuencia. Una de las zonas menos industrializadas y desarrolladas del país está en el punto de mira de quienes no saben qué hacer con desechos industriales, vertidos peligrosos e instalaciones molestas e insalubres. "Hay que extremar la vigilancia y mantener los ojos abiertos porque estas cosas pueden repetirse", afirma un miembro de la Asociación Naturista Vallisoletana (Anva).Condiciones idóneas

Castilla y León, a priori, parece reunir las condiciones idóneas para que se produzcan estos hechos. La fuerte desertización de las zonas rurales, la existencia de cadenas montañosas que bordean la meseta y ofrecen puntos aislados y recónditos, la abundancia de ríos donde arrojar desperdicios sin ser vistos y el fatalismo de una población envejecida que además ignora las consecuencias de los vertidos propician actuaciones ¡legales que muchas veces son descubiertas tarde o quedan en la más absoluta impunidad. Para Carlos Carrasco, uno de los hombres que más se han preocupado desde hace años por el medio ambiente castellano-leonés, "nos encontramos ante un problema de dificil solución salvo que se acentúe la vigilancia y se actúe con mayor contundencia; no es dificil imaginar la solución que se le ocurre al que tiene residuos peligrosos que no sabe cómo eliminar a bajo coste: coge un camión, lo carga, se acerca una noche a parajes poco transitados de Segovia, Soria, Ávila o Palencia, vuelca la carga, y a otra cosa". El resto es fácil de suponer: aparecen peces muertos en los ríos, descomposición de las aguas, malos olores, etcétera. Siempre se abren investigaciones, pero pocas veces se da con los responsables. Los ecologistas se han quejado con frecuencia de que nada se sabe del desenlace de los procesamientos por presuntos delitos ecológicos, como ha ocurrido con los responsables de los vertidos de pesticidas en Aguilar de Campoo (Palencia) y Borobia (Soria) en mayo del año pasado.

Los casos de Borobia y Aguilar de Campoo son un claro exponente del extremo al que han llegado las cosas. El. 10 de mayo de 1988 una empresa de tansportes radicada en Vizcaya descargó sin autorización 70 toneladas de pesticidas en la mina Gandalía, situada en un monte de utilidad pública propiedad del Ayuntamiento de Borobia (Soria), en las estribaciones del Moncayo. Nadie se apercibió del hecho hasta que el mal olor que desprendía el producto llevó a los vecinos a denunciar el caso en el Gobierno Civil. La empresa fue obligada a cargar nuevamente el pesticida. Los informes de la Guardia Civil fueron remitidos al ministerio fiscal y a la Delegación de la Junta de Castilla y León en Soria para que realizase análisis. Meses después, desde esta institución no se había informado todavía al gobernador civil de Soria de los resultados. El producto había permanecido varias horas en contacto con la tierra, y los camiones que lo descargaron fueron lavados en un río.

La misma empresa, Transportes Bombín, repitió su actuación días después en la pedanía de Cabria, dependiente del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. Esta vez el método utilizado fue más sutil. "Dos señores vascos" ofrecieron al alcalde de Cabria, que tiene 40 habitantes, 200.000 pesetas si les daba permiso para descargar en unos hoyos cercanos a la aldea unos camiones de residuos. Nada le dijeron de su peligrosidad. El alcalde, Elidio Gutiérrez (AP), dio el visto bueno. El olor nauseabundo que desprendía la zona puso las cosas en su sitio. Los análisis se encargaron de revelar que el pesticida, fabricado por Celmar Española en Luchana (Vizcaya), contenía el isómero epsilon de hexaclorocicloexano, que contiene partículas garnma (2,25%) y alfa (5,30%). Las primeras están consideraclas como bastante tóxicas. Días después del vertido el producto volvió a ser cargado en camiones. Nada se ha dicho del destino de esas 360 toneladas.Diez meses después se desconoce qué ha pasado con los responsables de los hechos.

La presunción de ignorancia y de ambición económica fue, seguramente, lo que movió a otros señores a proponer al Ayuntamiento de Bocigas (Valladolid) la instalación de un almacén de pararrayos radiactivos. Las circunstancias se repiten: escasa población (128 habitantes), desconocimiento de las consecuencias, secretismo y oferta monetaria, más sustanciosa: 300 millones para el pueblo y 15.000 pesetas por pararrayos recogido. La división de la corporación municipal entre partidarios y detractores de la instalación hizo que el asunto saltase a la luz pública. Los vecinos se opusieron. La Asociación Naturista Vallisoletana (Anva) sacó sus consecuencias: "Hay que vigilar a tope, de lo contrario esto puede repetirse en cualquier otro pueblo; nuestro problema y el de otras asociaciones ecologistas es'que no tenemos muchos cauces para enterarnos, y a veces las noticias nos llegan demasiado tarde".

Dejadez y poca eficacia

Nadie se explica por qué no se ha actuado contra personas y empresas que estaban realizando atentados ecológicos desde hace mucho tiempo. Alcaldes de los páramos burgaleses han asegurado que Máximo Hernanz Pina, industrial de Algorta (Vizcaya), quema residuos desde hace dos años. Meses y meses han tardado en salir a la luz operaciones similares en Poza de la Sal (Burgos), que llevaron a la detención de Pedro María Villar e Ignacio Larrauri, vecinos de Portugalete. Las detenciones se efectuaron a primeros de febrero. Sin embargo, el presidente de Castilla y León, José María Aznar, había enviado una carta en septiembre de 1988 al lehendakari José Antonio Ardanza, advirtiéndole del hecho. No hubo respuesta. Han tenido que mediar nuevas denuncias y que el asunto saltara a las páginas de los periódicos para que el consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente de Euskadi criticara el 8 de marzo estas acciones y señalase que podían deberse "a la persecución jurídica y a las multas que estas quemas recibían en el País Vasco". Como casi siempre, en Castilla y León la reacción fue tardía. El Gobierno Civil de Burgos había impuesto varias multas a los infractores, pero éstos continuaron con su actividad. Desde la Delegación del Gobierno en Castilla y León se afirma que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Junta, que tiene competencias en medio ambiente, pero que ésta no actuó ni hizo públicos los análisis sobre los productos quemados -considerados altamente tóxicos- ni dio a conocer las cartas de Aznar a Ardanza hasta que el problema no salió en los medios de comunicación. Y desde la Junta se asegura que ellos vienen denunciando el asunto desde julio de 1988, «pero no tenemos competencias sobre la Guardia Civil o la policía para que detengan a los causantes de la incineración".

En medio de la polémica, la opinión pública de Castilla y León, bastante sensibilizada ahora con el problema, espera a ver si las detenciones y procesamientos ponen freno a la situación. "De lo contrario", señalaba un miembro de Anva, "los pocos que vamos quedando por estas tierras tendremos que llevar dentro de unos años mascarillas antigás para andar por el campo".