El precio del debate
LA DECISIÓN del Gobierno de reducir los gastos presupuestarios en casi 200.000 millones de pesetas para hacer un espacio a los compromisos del debate sobre el estado de la nación tiene el mérito de poner de relieve la intención de los responsables de la política económica de seguir luchando contra el déficit público. Se trata de un propósito razonable, aunque de gran dificultad política, pues los ministerios afectados tendrán que renunciar a unas asignaciones presupuestarias con las que ya contaban. En realidad, de lo que se trata es de un cambio de prioridades: habrá menos subvenciones y transferencias -lo cual parece oportuno-, menos gastos en agricultura, defensa y educación, pero también habrá menos dinero disponible para inversiones, lo cual es más discutible. En cualquier caso, será preciso esperar a que termine esta primera ronda de reducciones para tener una idea cabal de la lógica con que se ha llevado el reajuste.Al tiempo que se decide este cambio en las prioridades para dar cabida a los 200.000 millones de pesetas prometidos en el debate sobre el estado de la nación, el Gobierno ha anunciado la concesión de pensiones asistenciales a unos 700.000 ancianos y minusválidos que no han cotizado a la Seguridad Social o que lo han hecho de manera incompleta para la obtención del derecho a una pensión plena. Se trata de una importante medida, cuyo coste supera los 150.000 millones de pesetas y cuya justificación parece obvia: aunque España no es uno de los países más ricos del planeta, cuenta con el grado de desarrollo suficiente como para plantearse con seriedad que ningún español pase hambre, cualesquiera que sean las circunstancias personales que le acompañen.
La suma de los gastos inherentes a las primeras medidas y a esta última de las pensiones asistenciales corresponde numéricamente, aunque no en su espíritu, a lo reclamado por los sindicatos en la fallida negociación sobre las demandas del 14 de diciembre pasado. El Gobierno pretende así responder, a su manera, a quienes reclamaban un giro social. No está claro cómo se van a financiar estos 150.000 millones adicionales, aunque en el anuncio realizado se dice que, en realidad, las medidas legislativas no estarán dispuestas antes de fin de año, por lo que cabe suponer que se trata de algo que figurará en el presupuesto del año que viene.
El anuncio de estas medidas no ha aplacado a los sindicatos, que estiman que el Gobierno propone bastante menos de lo que estaba dispuesto a conceder antes de la ruptura final de las negociaciones. La fría acogida de las medidas refleja el sentimiento de los sindicatos de haber desempeñado un papel poco grato en la función: lo que no se concedió a lo largo de las negociaciones se otorga ahora en el ámbito parlamentario, con la anuencia de la mayor parte de los partidos políticos representados. Para los parlamentarios es muy difícil rechazar unas medidas de corte claramente social, salvo para quienes buscan la obtención de un capital. político en la multiplicación de las demandas o en el agravio comparativo.
En cualquier caso, los problemas de fondo no se resolverán con el cambio de decorado. El Gobierno no ha querido cargar con la responsabilidad única de la ruptura con los sindicatos y ha trasladado la discusión al Parlamento, donde cuenta con una doble red: el carácter social de las medidas y la mayoría parlamentaria de que dispone. Las cosas resultarán así más fáciles políticamente, salvo la discusión interna para ajustar el gasto, pero dejan las heridas abiertas. El peligro reside en que los pasos reales que se han dado en la redefinición de los objetivos de la política económica queden desdibujados por la forma en que se han instrumentado. Puede aducirse que tan sólo se trata de un problema de forma, pero en este caso la forma es indisociable de los problemas de fondo.
