Más vale tarde

LA ESTRECHA correlación entre el deterioro de las condiciones económicas en Latinoamérica y la fragilidad creciente de las democracias existentes en esa región ha sido repetidamente advertida ante la inflexibilidad de la que han hecho gala las autoridades económicas estadounidenses en el tratamiento del problema de la deuda externa. El mantenimiento del enfoque propuesto en 1985 por el hoy secretario de Estado, James Baker, constituía de hecho el más firme obstáculo en la búsqueda de soluciones más acordes con la situación de práctico estrangulamiento en que las cuentas exteriores de los países deudores estaban sumidas. La persistencia en la instrumentación a ultranza de planes de austeridad. sobre las economías deudoras, con el fin único de recuperar cotas de calidad crediticia frente a los acreedores bancarios, sin haber restaurado la solvencia de los principales deudores, puede deparar desenlaces muy inquietantes.Los recientes acontecimientos de Venezuela parecen haber convencido por fin a la nueva Administración norteamericana de la necesidad de reorientar el tratamiento del problema de la deuda hacia fórmulas que necesariamente contemplen la reducción sustancial del montante, y más concretamente, de la importancia relativa que la atención de su servicio tiene actualmente. El celo sobre la estabilidad del sistema bancario de aquel país puede hoy relajarse, a tenor de la inmunización conseguida en estos últimos años, en los que la transferencia neta de recursos de la región ha sido negativa. Desde 1982, la base de capital de los grandes bancos acreedores del mundo ha aumentado claramente, y la exposición a esos países, como porcentaje de los recursos propios, se ha reducido a menos de la mitad de la existente en 1982.

El temor a que el contribuyente norteamericano soporte una parte de esa crisis de solvencia es hoy de menor entidad que las ya evidentes contrapartidas, en términos de pérdida de influencia en la región, y muy especialmente ante la asunción del riesgo de involución política en aquellos países que han conseguido esquemas democráticos de convivencia y sistemas de organización de su economía que han apostado decididamente por la libertad de mercado. Tampoco cabe minimizar la importancia que en este aparente abandono del Plan Baker ha tenido el impacto de la crisis de la deuda sobre la propia economía estadounidense, y más específicamente, sobre el aumento de su endémico déficit comercial. La estimación en más de 75.000 millones de dólares de los ingresos por exportaciones que las empresas estadounidenses han dejado de obtener desde el inicio de la crisis, en 1982, han contribuido igualmente a ese cambio de orientación de la nueva Administración estadounidense.

La hasta el momento escasa concreción en acciones específicas de esa más flexible orientación ante este problema no impide anticipar la necesidad de un mayor protagonismo, como suministradores de fondos, de las agencias multilaterales, en especial del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Para ello, el necesario reforzamiento de su base de recursos ha de ser simultáneo a la flexibilización de sus rígidos recetarios estabilizadores, que tan controvertidos resultados han aportado. La Administración estadounidense tendrá que asumir, por su parte, los costes presupuestarios asociados a la concesión de determinadas ventajas fiscales a los bancos comerciales, en concepto, por ejemplo, de deducciones por pérdidas en esos préstamos, y asumir los cambios reguladores necesarios para, entre otros objetivos, permitir una reducción en las reservas asignadas a la cobertura de esos préstamos.

Soluciones, en definitiva, que habrán de reconciliar conflictos evidentes entre los intereses del Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y el propio Departamento de Estado para que esa nueva orientación se presente como radicalmente diferenciada de lo que algunos países temen no sea más que una versión actualizada del obsoleto Plan Baker.