Justicia extiende a todas las prisiones el plan anti-SIDA

El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, extendió ayer a todas las prisiones el programa de promoción de la salud pública, que fundamentalmente se centra en la prevención de la hepatitis B y del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

El programa se inició en septiembre pasado en cuatro prisiones como experiencia piloto. Eran las de Madrid-2, Jóvenes de Alcalá-Meco, Puerto de Santa María (Cádiz) y Nanclares de la Oca (Álava).Las distintas pruebas que establece este programa son voluntarias, si bien en la fase experimental el conjunto de presos requeridos (unos 14.000) aceptaron someterse a estos análisis. Instituciones Penitenciarias pretende ahora que en dos meses los análisis alcancen a los 3 1.000 internos de centros penitenciarios.

El programa fue firmado el pasado mes de julio entre los ministros de Sanidad y de Justicia, Julián García Vargas y Enrique Múgica, respectivamente. Ambos departamentos ministeriales son los responsables del proyecto.

El programa tiene los siguientes apartados: vacunación y detección de portadores de hepatitis B, detección de portadores del SIDA, prevención y tratamiento de tuberculosis y de enfermedades de transmisión sexual. En el programa elaborado por las autoridades administrativas se incluye la medida de entregar lejía a los presos para desinfectar las jeringuillas (ver EL PAÍS del 27 de julio pasado).

El coste del programa en la fase experimental fue de 10 millones de pesetas. Para la segunda fase, que se inicia ahora, sólo la vacunación contra la hepatitis B supondrá unos 57 millones de pesetas. El coste total del programa está calculado en 2.000 millones de pesetas.

Virus de la hepatitis

Según los resultados de la fase experimental, un tercio de la población reclusa había estado en contacto con el virus de la hepatitis, por lo que fueron vacunados los otros dos tercios restantes. Los datos sobre el SIDA son reservados, por lo que no se han dado a conocer a la opinión pública.Dentro de este programa, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias puso en marcha hace ya cinco meses la aplicación del procedimiento de urgencia para excarcelar a los reclusos con SIDA en fase terminal.