"El actual modelo de juez de instrucción no es imparcial", afirma Gimeno Sendra

El Pleno del Senado reeligió ayer a Fernando García-Món como miembro del Tribunal Constitucional y designó nuevos magistrados a los catedráticos Alvaro Rodríguez Bereijo, Vicente Gimeno Sendra y José Luis de los Mozos. Los votos necesarios eran 151 y se registraron 178, 22 abstenciones y dos nulos de sendos senadores que tacharon, respectivamente, a De los Mozos y a Gimeno Sendra. Este último, en sus primeras declaraciones tras su elección, dijo a EL PAÍS que prefiere que el fiscal se encargue de la investigación penal, ya que "el actual modelo de juez de instrucción", dijo, "no es plenamente imparcial".

Gimeno Sendra, nacido hace 39 años en Gandía (Valencia), casado y con cuatro hijos -dos de ellos, los procedentes de su último matrimonio, gemelos-, es catedrático de derecho procesal en la universidad Autónoma de Madrid y letrado de un despacho de asesores en derecho, tras haber ejercido durante 10 años la abogacía en Alicante, de cuya universidad fue catedrático. Es autor de una docena de libros, varios de ellos sobre la defensa de los derechos humanos y el último sobre Constitución y proceso.El magistrado electo del Tribunal Constitucional recibe con satisfacción visible la noticia de la votación registrada en el Senado y manifiesta sus "mayores ganas de trabajar en un órgano sobrecargado de asuntos, sobre todo de amparo, para contribuir a lograr", dice, "que la justicia constitucional se administre también sin dilaciones indebidas". Para evaluar el nivel de protección de los derechos fundamentales en nuestro país, señala que "son pocas las demandas que llegan a la Comisión Europea de Derechos Humanos, unas 12 al año, lo que dice mucho en favor del Tribunal Constitucional". El creciente número de peticiones de amparo lo atribuye al "mayor nivel de conocimientos jurídicos de los abogados".

Gimeno Sendra ha cuestionado la competencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, especialmente en materia de terrorismo, pero ahora invoca "la sentencia del alto tribunal que declaró su legitimidad constitucional". Preguntado sobre si hubiera flarmulado un voto particular a esa sentencia, contesta: "No sé, yo la acato, porque se trata del intérprete supremo de la Constitución".

El nuevo magistrado aporta al alto tribunal sus conocimientos de derecho procesal, en un momento en que se está poniendo en marcha la reforma urgente del proceso penal, exigida por el máximo intérprete de la Constitución en la sentencia que declaró incompatible la función de instruir y juzgar una misma causa. En contraste con las críticas realizadas desde sectores jurídicos progresistas a los que pertenece, Gimeno Sendra estima que "dentro de la escasez de medios de la justicia, la solución adoptada es la mejor, a pesar de los problemas en su aplicación".

Según Gimeno Sendra, "el nuevo proceso penal es más respetuoso con la Constitución, no sólo porque desdobla la función judicial de instruir y juzgar, sino porque los jueces encargados de juzgar no van a conocer nada de las actuaciones sumariales, por lo que asistiremos a un juicio oral en el que se conocerán todas las pruebas con oralidad, contradicción y más garantías y se eliminará", dice, "uno de los males de la justicia penal: que bastan las diligencias sumariales para fallar".

Sistema acusatorio

Gimeno Sendra ha defendido que los fiscales sustituyan a los jueces en algunas de sus funciones instructoras. Preguntado sobre cómo puede conciliarse ese sistema con la constitucional división de poderes, responde que "hay que distinguir entre actos jurisdiccionales -órdenes de prisión o limitadoras de derechos fundamentales, pruebas anticipadas y decisiones de sobreseer-, que corresponden sólo al juez, y actos de mera investigación, que puede realizar el fiscal, con la ventaja de incrementar el sistema acusatorio".

Desde su punto de vista, "con ese modelo, se reforzarían las garantías, ya que los jueces de instrucción, que hoy no son plenamente imparciales, para acordar la prisión necesitarían la previa petición fiscal y oir a la defensa". Por lo demás, Gimeno Sendra estima "exageradas" las objeciones basadas en que el nombramiento del fiscal general del Estado lo decide el Gobierno, ya que los fiscales actuales "no tienen por qué obedecer las órdenes del Gobierno y gozan de autonomía para retirar una acusación sin consultar a su jefe".