La Federación de Distribuidores Cinematográficos pide en Bruselas la anulación del 'decreto Miró'

La Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine), que preside Antonio Recoder, ha presentado reclamación a la Comunidad Europea para que anule el decreto Miró de 1983, por considerar que incumple el Tratado de Roma. Los distribuidores creen que se viola el tratado en las exigencias que plantea a los distribuidores para conseguir licencias de doblaje y al obligar a los exhibidores proyectar un día de cine español por cuatro de extranjero.

La reclamación, que fue presentada el 22 de junio pasado, ha sido admitida a trámite.Antonio Recoder, representante de Fedicine y de Adican, entidades en la que se agrupan en España las distribuidoras multinacionales, dedicadas a la comercialización en todo el mundo del cine norteamericano, explica que los organismos que él representa se opusieron desde el primer momento a la publicación del decreto Miró.

"Nosotros", dice Recoder, "sabíamos ya entonces lo que iba a ocurrir. Este decreto se empeñaba en imponer el cine español, cuando las películas españolas de los últimos años no interesan a nadie, salvo las excepciones de las de Almodóvar, Berlanga y la última de José Luis Cuerda. Nosotros, que somos intermediarios entre los productores y el exhibidor, sabemos que al público le interesa un bledo el origen geográfico de una película. Con el citado decreto nos obligaron a vender cine español y lo único que se ha conseguido es que el cine que se hace aquí haya sido entregado a los americanos, cuando se supone que perseguían todo lo contrario".

Cuota de pantalla

Las imposiciones a las que se refiere Recoder y que ahora han sido impugnadas por sus organizaciones de distribución en Bruselas afectan a la cuota de pantalla (un día de cine español por cuatro de cine extranjero) y las restricciones para conseguir licencias de doblaje. Una licencia para doblar una película extranjera se consigue cuando el distribuidor adquiere una película rodada en castellano o cualquier otra lengua española. La segunda licencia se obtiene cuando esa película española ha obtenido 30 millones de recaudación. La tercera, cuando el mismo filme ha logrado 60 millones, y la cuarta, cuando ha superado los 80. "Son escasísimas las películas españolas", asegura Recoder, "que pasan de los 60 millones de pesetas, de forma que estamos totalmente atados para conseguir traer películas americanas".

"Antes de la aplicación del decreto Miró", asegura Recoder, "el mercado del cine español se llevaba entre el 28% y el 30% de la recaudación en taquilla. Actualmente lo que se lleva está en torno al 10%. La recaudación en taquilla sigue siendo de unos 25.000 millones al año, y se mantiene porque, aunque baje el número de espectadores, ha aumentado mucho el precio de las entradas. Las películas españolas que conectan con el espectador", prosigue Antonio Recorder, "arrastran más gente que las extranjeras, pero son poquísimas las que logran esa conexión y superar la barrera de los 100 millones de recaudación, cantidad que equivale al presupuesto medio que consume una película española".

Para defenderse de esta situación, que Recoder califica de extorsión, el portavoz de Fedicine afirma que se ven obligados a recurrir al sistema de lotes de películas y que consiste en vender

una lista cerrada de filmes, cuyo primer título puede calificarse de serie A y que va acompañado de cuatro o cinco de escasa calidad, para cerrar con una o dos películas españolas que han sido adquiridas precisamente para poder lograr licencias de doblaje. "Como el mercado español no es libre, no nos queda otra salida y tenemos que actuar así. Frente al intervencionismo no tenemos más salida que actuar de esta manera".

La federación de exhibidores, que preside José del Villar, ha denunciado recientemente en el Ministerio de Hacienda a la Federación de Distribuidores Cinematográficos. Por su parte, Antonio Recoder asegura que esta denuncia es producto de los desacuerdos que permanentemente se producen sobre la forma de pago.

"Nosotros", asegura Antonio Recodar, "damos un plazo de 45 días a partir de la exhibición de la película y ellos tienden a dejar pasar dos meses. Como no tenemos dónde recurrir, porque está dernostrado que los tribunales entre España no son operativos, recurrimos a la única arma que tenemos en nuestra mano: no les damos más películas hasta que no han pagado, y eso no es extorsión ".