El turno del Gobierno

LA INSISTENCIA del juez Baltasar Garzón en que el Gobierno clarifique ante la justicia las vías de financiación con fondos reservados de las acciones terroristas de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) pone al Ejecutivo frente a la responsabilidad de demostrar de una vez por todas ante la opinión pública si está o no a favor de que se sepa la verdad sobre tan tenebroso asunto. La cuestión planteada por el juez es de capital importancia, porque de lo que realmente se trata es de dilucidar si el Estado democrático es compatible con la existencia en su seno de zonas reservadas a la ley y al derecho por la sola voluntad de quienes en un momento dado llevan las riendas de su gobernación.En su propuesta de investigación de los fondos reservados, elevada a sus superiores de la Audiencia Nacional, el juez Garzón se muestra prudente -sin duda, escaldado por la cerrada negativa del anterior titular de Interior a facilitar la más mínima información sobre el tema- y descarta la intervención directa del Gobierno en la financiación de los GAL, imputándosela a algún funcionario que desvió ilícitamente los fondos necesarios a tal fin. Sin embargo, hay antecedentes suficientes para temer que eta actuación cautelosa no le sirva demasiado al juez Garzón en su propósito de sortear los obstáculos que impiden su tarea investigadora y que los actuales responsables de Interior y, en definitiva, el Gobierno sigan aferrándose a una interpretación extensiva del secreto oficial, que hace de éste un muro infranqueable al poder judicial en el cumplimiento de su labor jurisdiccional. Por otra parte, el que, con los datos actuales, pueda descartarse la implicación de determinados niveles oficiales en la financiación de los GAL no implica que, si la investigación avanza, no puedan aparecer nuevos indicios que pongan en cuestión lo que ahora parece definitivo. Esta hipótesis será menos desechable cuanto más se evidencie la negativa del Gobierno a colaborar en este asunto con la justicia.

En todo caso, si la Audiencia Nacional da curso, como parece que es obligado de acuerdo con la ley, a la investigación propuesta por el juez, habrá llegado la hora de que el Gobierno defina su posición -con actos y sin el recurso a un doble lenguaje- en la colaboración que se le requiere para enjuiciar a los responsables de los GAL. En el caso Amedo, que centra por el momento la investigación judicial sobre las actividades de esta organización criminal, el cinismo más pedestre ha sido utilizado como escudo: los mismos que han cuestionado la legitimidad del poder judicial para investigar sus ramificaciones y le han negado informaciones esenciales para la total clarificación de este asunto no dudan en hacer recaer sobre los jueces la única responsabilidad de hacer luz sobre la investigación, cuando se trata de un cometido -la persecución del delito- que corresponde de oficio a quienes tienen encomendada constitucionalmente la función de velar por el cumplimiento de la ley.

Parece llegado el momento ahora de pasar de las palabras a los hechos para que no parezca que todo ello es, en realidad, una treta urdída por el Gobierno para librarse de las responsabilidades que le incumben en la investigación de los GAL. Los datos que se requieren para que la investigación judicial avance están en poder del Gobierno. Negarse a facilitarlos constituiría no sólo una grave obstrucción a la acción de la justicia, sino que dejaría impunes crímenes gravísimos que un Estado de derecho digno de tal nombre no puede, bajo ningún concepto, dejar de investigar y, si procede, castigar.