Juristas de seis países critican la actuación de los tribunales chilenos

El Segundo Encuentro Internacional de Magistrados y Juristas concluyó ayer en Santiago con una severa crítica a los tribunales, especialmente la Corte Suprema, que han sido incapaces de hacer respetar los derechos humanos durante la dictadura, y una petición para juzgar en democracia a los jueces que han prevaricado. Cerca de un centenar de juristas de seis países y familiares de víctimas de la represión debatieron el miércoles y el sábado en el céntrico hotel Tapahue sobre ¿Cómo hacer justicia en democracia?Para la oposición, el tema es clave y complejo. En la reunión fue notorio un consenso sobre la necesidad de juzgar como crímenes contra la humanidad que no prescriben, y no caso a caso, las cerca de 400.000 violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen militar desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. "Esto implica acumular las causas donde hay detenidos desaparecidos, los juicios contra los aparatos de seguridad, contra los ministros del Interior que generaron las condiciones que permitieron crímenes atroces. La responsabilidad termina cayendo en el jefe del Estado", sostuvo Andrés Domínguez, secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos, entidad que ha sido la organizadora del encuentro.

Pero no será fácil: el general Augusto Pinochet seguirá como jefe del Ejército, senador y miembro dell Consejo de Seguridad Nacional durante el próximo Gobierno. "Si los partidos son impotentes para lograr estos juicios, deben llamar a acumular poder hasta conseguirlo, y no negociar lo que no es negociable", agregó Domínguez.

Paralelamente, debe haber justicia para los condenados y procesados por luchar por el retorno a la democracia, planteó en el encuentro Antonio Doñate, magistrado de la Audiencia de Barcelona y representante de Jueces por la Democracia. Según Doñate, "el poder judicial tiene parte de la responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos", tanto por omisión en su labor de hacer justicia co m'o por las sanciones impuestas a los jueces consecuentes con su profesión.