Emplazamiento al Gobierno canario para que dé marcha atrás en su paralización del desarme arancelario frente a la CE

CARMELO MARTÍNTanto Madrid como Bruselas han optado por abrir un compás de espera para que el Gobierno de Canarias de marcha atrás en su postura de paralizar, desde el pasado día 1, el desarme arancelario a las mercancías procedentes de la Comunidad Europea (CE), lo que explica la falta de reacción oficial hasta ahora en ambas instancias a raíz de la polémica medida.

Ésta fue recibida con indignación por el Gobierno central, que la considera una "decisión ilegal y precipitada", según declaró el director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales, Ernesto Aguilar.

Sin embargo, el Ejecutivo canario, al que apoyan los cabildos y ayuntamientos, no baraja, tras su última reunión el pasado miércoles, la posibilidad de rectificar por el momento.

"Ya ha habido contactos informales entre la Comisión Europea y el Gobierno español para que se corrija oportunamente y aquella aguarda a que Madrid le comunique que el tema está resuelto; en caso contrario, la Comisión podría abrir un expediente por violación del tratado de adhesión", declaró ayer a este periódico el eurodiputado canario Manuel Medina, del PSOE.

Represalia

Éste expresó su temor ante un posible aplazamiento, por parte de Bruselas, del proceso de mejora de las condiciones canarias en la CE, como represalia por este incidente. El eurodiputado aliancista Arturo Escuder responsabilizó también de dicho riesgo al Gobierno autónomo y los cabildos. Por su parte, el consejero de Economía y Comercio, Luis Hernández, descartó tal peligro: "La Comunidad es una organización seria, que no actua por impulsos".

El Gobierno autónomo no parece dispuesto a rectificar, según indicó su nuevo presidente, Lorenzo Olarte, del CDS, al término de la primera reunión de su Gabinete, que tomó posesión el pasado miércoles. Por otra parte, los siete cabildos insulares recurrirán por la vía administrativa para demandar del Estado la compensación a su pérdida de ingresos desde 1986, como consecuencia del progresivo desmantelamiento de los arbitrios (impuestos propios de los que dependen cabildos y ayuntamientos en virtud del régimen económico y fiscal (REF) ocasionado por la incorporación de las islas a la CE. Concretamente, el Cabildo de Tenerife se ha dirigido al Gobierno autónomo para que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1989, al no incluir debidamente cuantificada la restitución correspondiente. Asimismo, esta será exigida a Madrid por los 87 alcaldes del archipiélago, según acordó el pasado miércoles la Federación Canaria de Municipios (Fecam). La Administración ha ofrecido 40.000 millones de pesetas hasta 1992 y los cabildos cifran las pérdidas en 68 000 millones de pesetas, según informó el consejero de Hacienda, José Miguel González.

Olarte justificó la legitimidad con que Canarias no procedió, el pasado día 1, ante la grave insuficiencia económica que padecen los cabildos, a la disminución prevista para este año del arbitrio de entrada de mercancías por la falta de competencias para ello de la comunidad autónoma.