El Gobierno, dispuesto a subir su oferta a 200.000 millones para conseguir la concertación social

El Ministerio de Economía prepara una nueva oferta a presentar a los sindicatos en los próximos días para lograr la concertación social. Medios de la Administración señalaron ayer que el nuevo límite que se va a proponer estará en torno a los 200.000 millones de pesetas, lo que representa duplicar el volumen de recursos que se ofreció en la reunión mantenida en la Moncloa el pasado miércoles entre el presidente del Gobierno, Felipe González, y los secretarios generales de UGT, Nicolás Redondo, y de CC OO, Antonio Gutiérrez, y a la que asistieron varios ministros del Gobierno.

La Administración va a proponer a los sindicatos unas nuevas cantidades a destinar a cada uno de los tres puntos de discusión económica que están planteados en la mesa de negociación: equiparación de la pensión mínima al salario mínimo, aumento de la cobertura del desempleo y recuperación de los dos puntos de pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de que la inflación de 1988 será superior a la prevista al menos en esa cantidad.El secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, señalaba ayer que la nueva oferta "será sustancialmente superior a la presentada en la primera reunión de forma que quede claro que por parte del Gobierno no se va a escatimar para tratar de llegar a un acuerdo". La cifra de 200.000 millones de pesetas en lugar de los 95.000 millones de pesetas iniciales fue admitida implícitamente como factible.

Este aumento se dedicaría a todos y cada uno de los tres puntos, aunque el secretario de Estado reconoció que existe por parte de la Administración una posición distinta sobre el límite de cada uno de ellos. Según estos planteamientos del Gobierno, y en el supuesto de que se alcanzara un acuerdo, habría una mayor cantidad de dinero de la propuesta inicialmente para la equiparación de la pensión mínima y también para la ampliación de la cobertura del desempleo, mientras que sería bastante más difícil que el Ejecutivo cediera de sus posiciones en lo que respecta a la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios.

Ello significaría que en este año se podría acercar en mayor medida la pensión mínima al salario mínimo, dejando una parte menos importante para el ejercicio del año próximo, y que la tasa final resultante de la cobertura del desempleo se acercaría más a la solicitada por los sindicatos -el 48%- que los cuatro o cinco puntos que calcularon las centrales que proponía el Gobierno y que supondría una cobertura cercana al 35%.

Inflación

Las mayores resistencias sobre la desviación de inflación se explican, según Economía, porque en este punto las diferencias entre el Gobierno y los sindicatos no son puramente económicas.Así, se señala, "mientras los sindicatos piden que la subida de los dos puntos sea para todos los que cobran de los presupuestos, el Gobierno considera que deben excluirse de esta revisión aquellos colectivos como maestros, médicos, enfermeras, jueces.... que ya han tenido una elevada subida salarial en este año". "El Ejecutivo quiere proponer que la subida sea para aquellos cuyo salario fue incrementado en un 4% y no para los que tuvieron subidas mayores".

En todo caso, señalan estas fuentes, las posibilidades de acuerdo parecen lejanas "si se considera que los sindicatos no parecen dispuestos a ceder en las negociaciones en sus posiciones de partida y, sobre todo, si sus representantes siguen sin cuantificar de forma exacta sus reivindicaciones y sin concretar a qué colectivos, y en qué medida, deben aplicarse los nuevos recursos adicionales". La nueva oferta se presenta, por parte del Gobierno, como el máximo al que se puede llegar sin que ello ponga en peligro el equilibrio económico.

Ingresos fiscales

Uno de los aspectos que se está manejando dentro de la negociación en el exceso de recuadación fiscal obtenido el pasado ejercicio y que se cifra en unos 700.000 millones de pesetas. La modificación introducida por el Gobierno sobre la fiscalidad de los matrimonios, sujeta a revisión a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional, va a suponer, 90.000 millones de pesetas menos de ingresos en este ejercicio sobre lo previsto.Si el Tribunal Constitucional obliga a una nueva modificación, ampliando las deducciones para la renta de los cónyuges, la caída de los ingresos fiscales será mayor, lo que limitaría las posibilidades de aumentar más la oferta a los sindicatos, según señalaron ayer medios de la Administración. Este punto de vista no es compartido por las centrales sindicales, que consideran que el Ejecutivo tiene varias opciones para redistribuir el gasto presupuestario.