La amenaza gremial

LA HUELGA de los técnicos de mantenimiento de Iberia, iniciada en vísperas de las vacaciones navideñas, ha provocado ya la cancelación de cerca de 400 vuelos y retrasos considerables en muchos otros, en perjuicio de miles de ciudadanos ajenos al conflicto. Las pérdidas acumuladas en los seis días de huelga podrían alcanzar, según la dirección de Iberia, los 1.500 millones de pesetas. Se pone así de manifiesto, una vez más, la desproporción existente entre las reivindicaciones laborales de determinados colectivos y los efectos sociales de sus movilizaciones. Se trata de colectivos cuya posición estratégica en el sistema productivo o, más frecuentemente, en los servicios públicos, les concede una capacidad de presión desmedida. El mecanismo consiste en provocar la exasperación del máximo número de personas posible -de ahí la elección de las fechas: casi siempre en vacaciones- para que su indignación actúe como elemento de apremio ante la dirección de la compañía. Esta corrupción de los métodos de actuación sindical está dando argumentos a los sectores partidarios de una regulación restrictiva del derecho de huelga.Ocurre, además, que el planteamiento reivindicativo esgrimido en esta ocasión por los técnicos de mantenimiento resulta bastante discutible. La Asociación Sindical Española de Técnicos de Mantenimiento de Aeronaves (ASETMA), que cuenta con unos 1.800 afiliados, solicita un convenio franja específico, al margen del que rige con carácter general para los 21.500 trabajadores de tierra de Iberia. Inmediatamente, el Sindicato de Especialistas Técnicos de Equipos y Motores Aeronáuticos (SETEMA) anunció su intención -luego retirada- de convocar otra huelga paralela, los días 5 y 9 de enero, por idénticos motivos: ellos también aspiraban a un convenio específico. Tales planteamientos son rechazados por las centrales mayoritarias. Concretamente, la votación realizada en el comité intercentros de Iberia arrojó el resultado de 12 votos en contra y uno a favor de la huelga. La dirección de la compañía, por su parte, considera ilegal la huelga, y, tras abrir varios cientos de expedientes por incumplimiento de servicios mínimos, anunció ayer el despido de 79 trabajadores.

El presidente, Narcís Andreu, argumenta, muy razonablemente, que aceptar la pretensión de ASETMA significaría que cada especialidad laboral de las existentes en la compañía exigiría su propio convenio franja. Ello supondría, a su vez, apostar por una serie interminable de conflictos a lo largo del año. Dada la estructura de funcionamiento de los aeropuertos modernos, cada huelga sectorial de este tipo repercutiría en todo el servicio, imposibilitándolo de hecho.

El intento de ciertos colectivos de prevalerse de su posición en la cadena del servicio no es nuevo ni exclusivo de nuestro país. Reciente está aún el caso de los maquinistas y ayudantes ferroviarios, que también iniciaron, contra la opinión de UGT y CC OO, una serie de paros alternativos en vísperas de las vacaciones de Navidad. Por no hablar de la penosa huelga de los controladores aéreos de Cataluña, en agosto pasado, cuando poco más de un centenar de personas amargaron el inicio de vacaciones de cientos de miles. La experiencia demuestra, de otra parte, la falta de autoridad de los sindicatos de clase para hacer frente a esos brotes de gremialismo incontrolado. Pero esa misma realidad, leída desde el otro lado, indica que nada resulta tan desestabilizador, en el terreno de las relaciones laborales, como el intento por parte de los Gobiernos y otras instancias de minar el papel institucional de los sindicatos tradicionales, cuya fuerza es una garantía de estabilidad en el diálogo social. La anunciada presencia del presidente del Gobierno al frente de una importante delegación ministerial en el encuentro fijado para hoy con los sindicatos, rectificando así la decisión de mantener esos contactos a un más bajo nivel, supone -si los gestos confirman en este caso las intenciones reales- un significativo paso en esa dirección.