Hacienda efectuará control financiero pemanente sobre todos sus organismos comerciales en 1989

La Intervención General del Estado realizará un control financiero permanente sobre todos los organismos autónomos comerciales del Estado durante el presente ejercicio. La ley de Presupuestos Generales del Estado para 1989 establece la obligatoriedad de esta actividad de control permanente para un total de 65 organismos, que representan un gasto total de dos billones de pesetas. Junto a esto, la Intervención realizará más de 150 auditorías a otros órganos de la Administración y colaborará con la CE en el control de los fondos comunitarios concedidos a España en este ejercicio.

El Ministerio de Economía y Hacienda incrementará notablemente el control sobre el gasto de las administraciones públicas en 1989. La. Intervención General del Estado cierra en estos días su plan de actuación para este ejercicio, que presenta importantes novedades respecto a años anteriores Por primera vez, el Estado realizará un control financiero permanente sobre la totalidad de sus organismos comercialesLa Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1989 establece la obligatoriedad para todos los organismos de tipo comercial del Estado, de contar un control permanente de su actividad financiera. Esta práctica supone un auténtica novedad en las cuentas públicas, ya que hasta ahora, tan sólo un organismo estaba obligado a ello: el ente público Radio Televisión Española.

Precisamente uno de los informes parciales de la Intervención General del Estado sobre RTVE, que realizaba ese control financiero permanente, levantó en 1988, la polémica sobre los gastos de su directora general, Pilar Miró.

Dos billones controlados

El plan de la Intervención para el presente ejercicio afecta a un total de 65 organismos autónomos, con un gasto total superior a los dos billones de pesetas. Todos ellos tendrán un funcionario de Hacienda realizando un control permanente de todas su actividades financieras. Con ello se pretende asegurar la eficiencia, eficacia y economía de las actividades de estos entes.

Entre los organismos afectados por la medida figuran el Instituto Nacional de Industria (INI), la Administración Nacional de Loterías, el Forpa, el Senpa, el Consorcio de Compensación de Seguros, cinco patronatos de casas militares, 24 juntas de puerto, 9 confederaciones hidrográficas, todos los aeropuertos nacionales, el Boletín Oficial del Estado y diversos organismos hasta un total de 65.

Además de este control financiero permanente, la Intervención General del Estado realizará un amplia actuación mediante auditorías y otros informes puntuales. La función interventora tendrá, a partir de ahora, una actividad previa de control de la legalidad de los actos administrativos y otra posterior, en la que quiere determinar la eficacia del aparato del Estado.

El control previo se llevará cabo mediante el llamado "régimen especial de intervención limitada", por el que los interventores controlan los requisitos esenciales de todos los actos administrativos realizados.

Respecto al chequeo posterior de los gastos públicos, Hacienda tiene previsto realizar durante 1989 más de 150 auditorías -financieras, operativas o de cumplimiento-, para el total de ministerios y organismos del Estado, excluidos el Ministerio de Defensa y la Seguridad Social, que tiene su régimen propio de intervención.

El plan de auditorías para el presente ejercicio estará concluido antes de fín de mes. Fuentes oficiales adelantaron, sin embargo, que se pretende realizar un número de informes similar al de 1988 -se hicieron 153 auditorías- El programa afectará a un buen número de empresa públicas y sociedades estatales, así como empresas privadas que reciben subven ciones oficiales, además de las habituales auditorías a embajadas, consulados y diversos por gramas de gasto de los Ministerios -inversiones, subvencio nes, gastos de publicidad, com pras públicas, etcétera-.

Medios escasos

Para realizar este trabajo, la Intervención General del Estado cuenta con unos medios muy limitados, por lo que tendrá que contratar, como en años anteriores, los servicios de algunas empresas privadas de auditoría para poder cumplir el programa. En 1988, más de un tercio de las iuditorías firmadas por la Intevención -65 sobre un total de 153- fueron realizadas poi empresas privadas, que facturaron 347 millones de pesetas por las 60.500 horas de trabajo realizadas.

La plantilla actual de la Intervención General del Estado es de 2.308 personas, de los que 177 son interventores y 58 pertenecen al cuerpo A de funcionarim. En las próximas semanas se incorporarán otros 25 inspectores. Esta cifra es inferior a a dotación de la Intervención hace diez años.