La comisión investigadora culpa a la Administración del caos en el accidente del 'Cason'

La comisión para el esclarecimiento del accidente del buque Cason, embarrancado frente a Finisterre (La Cornña) el 5 de diciembre de 1987, presentó ayer un informe en el que se resalta la necesidad de que se controle y regule el tráfico marítimo en todo el contorno de la costa gallega", al tiempo que hace recaer sobre "las autoridades y servidos administrativos la responsabilidad dimanante de la confusión, desorganización y desprotección" producidas tras el accidente.

La comisión, constituida a instancias del comité de empresa estima negativa la actitud de la dirección de la factoría Alúmina Aluminio, en San Ciprián, a la que se trasladaron los bidones tóxicos del buque de bandera panameña.En las conclusiones del informe, presentado ayer en una conferencia de prensa en Madrid, la comisión, presidida por el ex defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, e integrada por parlamentarios de distintos grupos políticos, a excepción del PSOE alcaldes y representantes de diversos colectivos, se pone de manifiesto "que hubo una desinformación total a la población en general". La comisión mantiene "el derecho de los ciudadanos a estar verazmente informados en todo momento de los peligros a los que puedan estar sometidos"

Pérdidas económicas

En el informe se destaca las graves pérdidas económicas provocadas por el embarrancamiento para toda la comarca de Finisterre y en particular para el medio relacionado con la pesca, de capital importancia para la zona La Comisión expresa su protesta por el hecho de que un año después del embarrancamiento se mantenga en el mismo lugar el buque Cason, soltando lastre y sustancias de peligrosidad desconocida, sin que se hayan adoptado medidas de protección.En el estudio, además de las conclusiones, se aportan informes concretos referidos a los factores psicológicos desencadenados tras el accidente, una relación cronológica de los hechos más significativos, datos sobre el embarrancamiento, un estudio económico y sindical de la empresa Alúmina-Aluminio, a la que se trasladaron los bidones del Cason en San Ciprián en la costa lucense; un estudio sobre transporte de materias peligrosas, un informe ecológico y lo publicado en la Prensa sobre los hechos.

La comisión denuncia en sus conclusiones la falta de seguimiento de las consecuencias ecológicas que sigue produciendo el embarrancamiento e insiste en la responsabilidad de la Administración por su actuación relacionada con el embarrancamiento, ya que no sólo no supo resolver las situaciones que se fueron planteando sino que mantuvo culposamente desinformada a la población. "No hay una información veraz y comparable", dicen los investigadores, "sobre los motivos del traslado de los bidones tóxicos por una gran parte de Galicia", que provocó el conflicto en el complejo Alúmina-Aluminio en San Ciprián (Lugo).

La comisión estima negativa la actitud de la Empresa Alúmina-Aluminio referida a los hechos sucedidos en el complejo en diciembre de 1987 y "considera contrario a derecho" tanto en su aspecto jurídico-laboral como constitucional, privar a los trabajadores de sus representantes legítimos por el hecho de que éstos, en virtud de tal representación, hiciesen uso de las facultades que la Ley les concede para preservar la integridad física de sus representados. [Los trabajadores se negaron a trasladar los bidones y paralizaron la factoría.]

Según el informe, no existió disturbio laboral alguno en el Complejo de Alúmina-Aluminio ya que hubo un acuerdo entre empresa y trabajadores a fin de evitar el peligro a éstos y a los medios de producción de aquélla que fue roto por una intervención gubernativa.

La comisión culpa a las autoridades del pánico y la alarma originados, del peligroso traslado de los bidones tóxicos y de la pérdida de puestos de trabajo de los 23 representantes de los empleados.