Policías recuperados

LA RECUPERACIÓN para puestos operativos de responsabilidad de Modesto García, histórico dirigente del sindicalismo policial y persona públicamente comprometida desde antiguo en la lucha por la democracia, y de otros policías progresistas que habían sido marginados durante la etapa de José Barrionuevo al frente del Ministerio del Interior, no es sólo un acto de justicia histórica. También es un indicio de que el actual ministro del Interior, José Luis Corcuera, en algo ha cambiado la política de personal y la forma de llevar los asuntos de un departamento ministerial tan complicado. No era lógico, y desde luego tenía muy difícil justificación, que policías que desde las postrimerías del franquismo venían luchando en el arriesgado medio policial por el advenimiento de un régimen de libertades en España fueran postergados en su promoción profesional e incluso perseguidos por un Gobierno que en su programa electoral defendía la adopción de una serie de medidas tendentes a la democratización y racionalización de las estructuras policiales.No se trata ahora de enjuiciar históricamente la Política policial, y en general de orden público, que llevó a cabo el partido socialista en el período 1983-1986 y los comportamientos del equipo político que en aquellos años rigió los destinos del Ministerio del Interior. Basta comprobar que el choque entre lo prometido en su programa electoral por los socialistas y la dura realidad fue especialmente visible en ese ministerio, hasta el punto de provocar la dimisión, en enero de 1984, de Carlos Sanjuán, primer subsecretario socialista en este departamento, que simbolizaba en aquellos momentos la política del cambio en el área policial. Aparte de enfrentamientos personales, que los hubo y en abundancia, entre los integrantes de la cúpula de Interior de entonces, lo que realmente se libraba en aquellos momentos era una áspera batalla sobre el modelo policial -militar, civil o una mezcla de ambos modelos- que debía existir en un Estado democrático y sobre su ritmo de implantación y desarrollo.

La aprobación, en marzo de 1986, de la ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cerró, si no políticamente sí al menos legalmente, la polémica suscitada en torno a esta cuestión fundamental para el funcionamiento del Estado democrático. Muchos han considerado que la organización policial consagrada en dicha ley queda lejos de las primitivas reformas propuestas por el PSOE, entre ellas, la racionalización de las estructuras policiales, con vistas a un mayor rendimiento; la especialización de las diferentes policías, el reforzamiento de la dependencia de la Guardia Civil del Ministerio del Interior, la coordinación de la policía del Estado y de la Guardia Civil con las policías autonómicas y municipales, nuevos sistemas de selección y formación de personal y el amparo del derecho de sindicación. La reivindicación de este derecho fue precisamente una de las causas que más influyeron en la marginación de policías sindicalistas y progresistas en la etapa de Barrionuevo al frente de Interior y lo que motivó que las relaciones entre ambas instancias se saldaran con un rosario de conflictos y tensiones.

Puede ser que este grupo de policías, apartados, sancionados y perseguidos en aquella etapa, y ahora felizmente recuperados, no fueran humana y profesionalmente mejores ni peores que muchos de sus compañeros promocionados por el anterior ministro del Interior. Pero es seguro que eran entonces, y lo siguen siendo ahora, más respetuosos con la legalidad constitucional que algunos policías aupados en los últimos años a puestos operativos de gran responsabilidad tras haberse dedicado en la dictadura a perseguir demócratas. Con su vuelta a los cauces normales de promoción policial y el ascenso de algunos de ellos a puestos de responsabilidad operativa se rescata un capital humano y profesional que estaba siendo injusta y absurdamente dilapidado.