El informe "asumido" por la OMC denuncia irregularidades en la venta del piso a Ferré

El informe "asumido" el pasado sábado por la asamblea de la Organización Médica Colegial (OMC) detallaba irregularidades en las ventas de pisos a consejeros de Previsión Sanitaria (PSN), ya que suponían una violación de sus estatutos "agravada por el hecho de que todos los beneficiarios son consejeros, que se erigen así en juez y parte". El consejo de PSN, según el informe, no autorizó la venta del piso que recibió Ricardo Ferré, consejero de la mutua y presidente de la OMC. José Luis Gutiérrez Herrero, presidente de PSN, niega estas acusaciones.

El 20 de diciembre de 19 85 el consejo de Administración de PSN -mutua en la que deben inscribirse los médicos colegiados-, con la asistencia de los consejeros Javier Matos -presidente del colegio de médicos de Madrid- y de Ferré -presidente del colegio alicantino- acuerda que "dada la baja rentabilidad de los inmuebles que PSN posee en Madrid en arrendamiento se negocie su venta a los arrendatarios en las mejores condiciones económicas posibles".Dudas sobre rentabilidad

Los investigadores muestran su extrañeza ante esta decisión: "No nos explicamos cómo pueden resultar gravosos unos pisos de reciente adjudicación en régimen de alquiler, cuando podrían haberse actualizado sus rentas".

Gutiérrez Herrero, según.el informe, "procede a la venta, no sólo de los pisos que estaban alquilados, sino también, y para esto no parece que estuviera autorizado por el acuerdo en cuestión, de dos que no estaban alquilados: uno a María Teresa Galende su hija política, y otro a Ferré". Éste, en 1985 y en 1986, cobró más de 400.000 pesetas por dietas de consejero.

"Es muy de destacar que este acuerdo del Consejo de PSN se toma contra el espíritu y la letra de los estatutos entonces vígentes, infracción agravada por el hecho de que todos los beneficiarios de la venta son miembros del consejo, que se erigen, en su propio beneficio, en juez y parte".

Los investigadores añaden: "No hemos podido encontrar ninguna persona que conociese la existencia, ni ahora ni en el pasado, de criterios objetivos de adjudicación de los pisos, ni en venta ni en alquiler. Por el contrario, son varios los testimonios que ponen de manifiesto que, tradicionalmente, se han venido ofreciendo y adjudicando pisos a miembros del consejo de administración de PSN, de la OMC y presidentes de colegios de médicos, farmacéuticos o veterinarios para que tuviesen 'donde alojarse en sus frecuentes desplazamientos a Madrid'".

La venta de los pisos y la determinación del precio, en todos los casos, se llevó a cabo "directamente" por Gutiérrez Herrero, "en claro desacuerdo con los estatutos", ya que sólo puede ejecutar acuerdos "reglamentariamente" tomados.

Obligada permanencia

Gutiérrez Herrero adjudicó el piso a Ferré en virtud de su "obligada a permanencia en Madrid" y a su hija política "por su próximo matrimonio". Otro de los directivos de la OMC beneficiario de un piso de PSN fue José Luis Piñal del Huidobro. Los otros pisos objeto de polémica recayeron en la secretaria de Gutiérrez Herrero, Rosario Martínez; la hija del consejero Eugenio Laborda, Paloma Laborda; el jefe del departamento de inmuebles de PSN, Manuel Álvarez del Miguel, y el tesorero de la mutua y ex presidente del colegio médico de Toledo, José Paz López.

El informe detalla que cuando se firma la escritura pública, Ferré ya es presidente de la OMC, y entonces "es sustituido como comprador por su hija, Inmaculada Ferré". Aunque el precio inicial del piso comprado por Ferré para su hija -un interior de 118 metros cuadrados en la madrileña calle Mártires Concepcionistas- es de tres millones -tope aplicado a los demás compradores-, el total pagado a PSN fue de 5.539.000 pesetas.

"¿En virtud de qué criterios o circunstancias se adjudicó el piso a Ferré y no a otro mutualista? ¿Fue por su condición de vocal de consejo de PSN o por la de presidente del colegio de médicos de Alicante o por las dos juntas? ¿Conocían los demás mutualistas la existencia de pisos disponibles y tuvieron las mismas posibilidades de acceder a ellos? ¿Puede deducirse de esta adjudicación la existencia de tráfico de influencias?" Los investigadores creen que estos interrogantes del informe tenían una clara respuesta en su escrito.