Felipe González ofrece invertir en Madrid para que el transporte público absorba el 75% de los desplazamientos

Felípe Gonzádez está decidido a que en 1992 tres de cada cuatro desplazamientos realizados en Madrid se efectúen en transporte público. Para ello, el presidente de Gobierno solicitó hace unos días al alcalde, Juan Barranco, y al presidente regional, Joaquín Leguina, la elaboración de un plan concreto. El estudio, que en la actualidad ultima el Consorcio de Transportes, establecerá las medidas e inversiones necesarias para lograr este objetivo. El plan incluye, entre otras propuestas, la creación de carriles-bus en las carreteras de acceso, la construcción de aparcamientos vigilados en las estaciones ferroviarias, el incremento de la frecuencia de los trenes de cercanías, la ampliación de la red de metro y el cobro de las multas.

La mayor movilidad, causada por la mejor situación económica, no sólo ha originado el colapso continuo en el tráfico privado de la ciudad sino que tam bién afecta a los transportes públicos. Hace un año el Consorcio de Transporte puso en marcha la reforma de la Empresa Municipal de Transportes para terminar con la saturación nue sufrían 35 líneas. El término saturación se usa cuando los usuarios de una línea deben esperar hasta el tercer autobus que pase por ir los dos primeros llenos. En la actualidad se mantiene, sin embargo, la saturación en el mismo número de líneas al haber aumentado la cifra anual de viajeros en unos siete millones. Más sorprendente es lo ocurrido en el metro, donde este año se ha disparado la utilización y se calcula cerrar el ejercicio con un aumento de 30 millones de viajeros.

Para paliar esta situación con la mejora del transporte público y la reducción del privado, el pasado mes de julio comenzaron las conversaciones entre las distrintas administraciones. Ese mes, el entonces secretario general de Presupuestos y Planificación del Ministerio de Hacienda, Rafael de la Cruz, comenzó a negociar con la comisión delegada del Con.e está compuesto por dos miembros del Ayuntamiento de Madrid y otros dos de la Comunidad. Los temas tratados fueron la renovación del contrato programa de Metro y la forma invertir parte de los 3.000 millones de pesetas que los Presupuestos Generales del Estado asignan este año al transporte Madrid y Barcelona.

Las conversaciones se vieron ampliadas en octubre por deseo del sustituto de De la Cruz en la dirección general, Antonio Zabalza, a otros aspectos del transporte, no sólo urbano sino también del Área Metropolitana, según Julián Revenga, gerente del Consorcio Regional de Transportes.

Sin embargo, hasta ahora no se había presentado ningún plan global de actuación como el ahora solicitado por Felipe González, quien se ha decidido a intervenir en un intento de so lucionar un problema que ya sobrepasa el ámbito local y regional.

Contraprestaciones

A cambio de fuertes inversiones, el Gobierno ha pedido contraprestaciones al Ayuntamiento y la Comunidad tales como un incremento de sus inversiones dedicadas a tráfico y transporte; la exigencia de un número mínimo anual de viajeros para el metro y los autobuses; la vigilancia continua de los carriles bus; la eliminación de los aparcamientos en doble fila; la aplicación de nuevas tecnologías para el tráfico en la ciudad y en las carreteras de acceso, y el cobro de las multas de circulación.

Las propuestas que se incluyen en el plan que se esta redactando van desde inversiones hasta cambios en la legislación, según Julián Revenga. Entre ellas se incluye el aumento de la flota de autobuses de la EMT, no sólo para acabar con la saturación de las 35 líneas citadas sino también para reformar los itinerarios y atender con nuevas rutas a zonas ahora privadas de este transporte. Este incremento de flota deberá extenderse a los vagones del metro: hay que sustituir los que prestan servicio en la línea 1 (Plaza de Castilla-Portazgo) y prever los necesarios para una imprescindible ampliación de la red.

La renovación del metro incluye el cierre la línea 6 (Laguna-Ciudad Universitaria); la prolongación de la línea 1 desde Portazgo hasta la colonia Sandi Sardínero; la extensión de la línea 10, Aluche-Alonso Martínez, hasta Nuevos Ministerios para conectarla con las líneas 7 y 8; y la desviación de la línea 10 hasta Príncipe Pío para conectar en esta estación con la línea 6 y la red de ferrocarril.

El plan recoge asimismo la conexión entre Madrid y el aeropuerto de Barajas y el aumento de frecuencia de los trenes de cercanías. Ya está encargado un estudio que incluye hasta 14 posibles medios de acceder al aeropuerto con transporte público.

Tres cada cuatro minutos

Para aumentar la frecuencia ferroviaria se necesitaría aplicar a los trenes de cercanías un sistema de control similar al que tiene el metro madrileño. La aplicación de este sistema en los principales corredores de acceso a la capital,como los de Móstoles, Parla-Fuenlabrada o Guadalajara, con el consiguiente aumento de unidades ferroviarias, permitiría tener en funcionamiento en horas punta un tren cada tres o cuatro minutos.

Quizá las medidas más novedosas son las orientadas a crear carriles solo bus, posiblemente separados del tráfico privado, en las carreteras de acceso a Madrid. Las dos posibilidades son habilitar uno de los carriles existentes o ampliar el arcen y utilizar éste como plataforma para el transporte público. Asimismo se pondría en marcha el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) consistente en dotar a los vehículos públicos de una pequeña emisora con el fin de lograr su seguimiento y localización, y poder así informar al usuario de cada parada, mediante pantallas electrónicas, del tiempo que habrá de esperar el autobús. Esta mejora de la infraestructura deberá ir unida a medidas complementarias como la creación de aparcamientos disuasorios vigilados junto a las estaciones de Renfe; el control de los carriles bus tanto urbanos como interurbanos, lo que exigirá un aumento de la plantilla de Policía Municipal, y la creación de intercambiadores de transportes a la entrada de la capital conectados con líneas de metro.

El plan propondrá también una reforma legislativa, puesto que se considera que no existe una normativa adecuada para el cobro de las multas. En este sentido se pedirá la inclusión de medidas inmediatas en la Ley de Presupuestos para 1989 y la fijación en la futura Ley de Seguridad Vial de un procedimiento claro para tramitar y cobrar las sanciones.