Ruedas pacíficas: el final de un conflicto

LAS RUEDAS de reconocimiento para la identificación de los policías y guardias civiles implicados en casos de denuncia por malos tratos en el País Vasco pueden dejar de ser un foco de tensión permanente entre el Gobierno y los jueces. El secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, ha tomado una iniciativa que hace tiempo debió propiciar el Gobierno: pedir al presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao que las ruedas de reconocimiento de los agentes de los cuerpos de seguridad se efectúen con las máximas garantías. Como no podía ser menos, el presidente de la Audiencia bilbaína ha acogido esta razonable petición ordenando que se adopten las medidas necesarias de protección de los agentes citados para su reconocimiento en rueda judicial.El problema planteado por las ruedas de reconocimiento tiene un indudable fondo político bajo un entramado jurídico. A nadie se le ocultan las profundas diferencias que existen entre el Gobierno y el poder judicial sobre la aplicación de la legalidad en el contexto de la lucha contra el terrorismo. Lo que se plantea es ni más ni menos la viabilidad de la investigación judicial de las denuncias por malos tratos policiales, cuando se sabe que ETA utiliza esta vía para obtener datos sobre los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado implicados en la lucha antiterrorista. La postura de los responsables de Interior y de los mandos policiales no ha sido otra que la de amparar a los agentes denunciados, negándose a facilitar al juez la identidad de los funcionarios participantes en el interrogatorio donde presuntamente se cometió el hecho delictivo. Ello no dejaba al juez otra opción que la de citar a grupos enteros de agentes para la identificación de los presuntamente responsables en ruedas de reconocimiento, efectuadas en presencia del denunciante. La peligrosa escalada en la que, de hecho, estaban enzarzados jueces y mandos policiales en el País Vasco no sólo podía desembocar en situaciones de grave riesgo para la lucha antiterrorista, sino en embarazosos conflictos de carácter institucional. La citación de 90 guardias civiles por la juez Huertas en septiembre de 1986 y la orden dada por el presidente del Gobierno para que hicieran caso omiso del requerimiento judicial mostraron hasta qué punto era insensato que el desentendimiento en este tema fuera la regla de actuación entre el Gobierno y el poder judicial, un distanciamiento que, a su vez, generaba recelos y suspicacias en la legalidad de la lucha antiterrorista o, cuando menos, en su escrupulosa aplicación legal.

La iniciativa del secretario de Estado para la Seguridad pone las cosas en su sitio y abre una vía de colaboración institucional que nunca debió estar cerrada. Para muchos ciudadanos era difícil admitir que los jueces fueran insensibles a los problemas de seguridad de los agentes implicados en trámites procesales si la cuestión era razonablemente expuesta por los responsables políticos de Interior. En realidad, todo se reduce a encontrar una fórmula práctica de entendimiento entre jueces y responsables de las fuerzas que luchan contra el terrorismo capaz de salvaguardar los valores constitucionales puestos en liza: de un lado, el control jurisdiccional por parte del poder judicial de todas las actuaciones presuntamente delictivas; de otro, el derecho a la vida y a la integridad física de las personas y, también, la eficacia dentro del marco de la legalidad constitucional de la lucha contra el terrorismo en la que están comprometidos todos los poderes del Estado.

Cabe, por último, dejar constancia de que quien ha acogido tan positivamente las demandas del Ministerio de Interior sea el magistrado Juan Alberto Belloch, recientemente designado presidente de la Audilencia de Bilbao. Es un hecho digno de resaltarse y que debería ser analizado con sentido autocrítico desde determinados sectores sociales y políticos. La conocida actitud de este magistrado del País Vasco a favor del respeto, en cualquier circunstancia, a las reglas del Estado de derecho le han valido frecuentemente incomprensiones y ataques injustos. Su disponibilidad a resolver una grave cuestión de Estado muestra cómo el entendimiento institucional es posible a condición de que los prejuicios y los desplantes dejen paso a la razón y al diálogo.