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El Gobierno estudia crear un fondo para ayudar a las mujeres separadas que no cobran del marido

El Gobierno estudia la posibilidad de crear un fondo económico destinado a ayudar a las mujeres separadas cuyos maridos no pagan la pensión asignada por el juez para alimentos, según anunció ayer en Barcelona la subsecretaria del Ministerio de Asuntos Sociales, Carlota Bustelo, en el acto de apertura de unas jornadas sobre la igualdad entre los sexos en el derecho comunitario, que se celebra en la Universidad Autónoma de Barcelona. La creación de este fondo forma parte del proyecto gubernamental de promulgar una ley que penalice el impago de las pensiones obligadas por sentencia. En el mes de febrero próximo, sin embargo, entrará en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley del Parlamento catalán.

El Gobierno tiene la voluntad de crear este fondo, según Carlota Bustelo, pero para ello debe evaluar previamente el volumen de: la población afectada, para determinar los costes que comportaría la medida. La decisión está condicionada a que su coste sea asumible por el Gobierno."De momento tenemos un dato importante: en España hay en estos momentos 250.000 mujeres separadas legalmente con responsabilidades familiares. El segundo paso es averiguar cuántas de ellas tienen derecho a que el marido les pase una pensión y en cuantos casos se incumple esta obligación".

Sobre esta cuestión no existen estudios detallados todavía. Sin embargo, Joaquima Alemany, directora de la Comisión Interdepartamental de la Mujer de la Generalitat de Cataluña, manifestó que algunas estimaciones indirectas revelan que, por lo menos en Cataluña, más de la mitad de los maridos obligados a pagar una pensión no lo hace. La cifra se incrementa a medida que transcurre el tiempo desde la promulgación de la ley de divorcio, ya que se ha observado que muchos maridos pagan al principio, pero después dejan de hacerlo.

La creación de este fondo forma parte del plan de acción para la igualdad de oportunidades de la mujer, aprobado por el Gobierno en septiembre de 1987, que incluye el proyecto de penalizar el impago de la pensión alimenticia. El Ministerio de Justicia y el Instituto de la Mujer están trabajando en el desarrollo de este proyecto legislativo, pero todavía no lo han plasmado en una propuesta legal concreta, según afirmó Carlota Bustelo.

La cuestión se planteará, sin embargo, de inmediato en las Cortes. La Generalitat se ha adelantado al Gobierno y el Parlamento catalán está tramitando ya una proposición de ley sobre la penalización del impago de la pensión que será enviada al Congreso de los Diputados en el mes de febrero próximo, según manifestó ayer el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol.

"Espero que con esta propuesta no ocurra como en otras ocasiones", le dijo a Carlota Bustelo, "y que no rechazarán nuestro proyecto de ley para presentar más tarde otro similar". El proyecto promovido por el Consell Executiu de la Generalitat prevé tipificar como conducta delictiva "el malicioso incumplimiento de la obligación de pago de las pensiones compensatorias, comparable a la ya tipificada de abandono de la familia", según reza en la exposición de motivos.

La proposición de ley propone añadir un artículo en el título XII, capítulo III del Código Penal, con el siguiente redactado: "El cónyuge legalmente separado o divorciado que, estando obligado a pagar cualquier prestación económica al otro cónyuge, para él o para sus hijos, en virtud del convenio judicialmente aprobado o de la resolución judicial, y que dejase de pagarla durante tres meses consecutivos o seis meses no consecutivos, previamente requerido, incurrirá en la pena de arresto mayor y en la multa de uno al doble de la cantidad adeudada. El perdón expreso del acreedor de la pensión extingue la acción penal".

Repartir gananciales

La creación del fondo económico para suplir las pensiones impagadas implica que el Estado se hace responsable subsidiario del cumplimiento de las sentencias y que el cónyuge beneficiario de la pensión puede cobrarla con cargo a ese fondo mientras dure la acción penal contra el que no paga y también en los casos en que la pensión no se percibe por insolvencia judicialmente declarada. "No hay que olvidar", dijo Carlota Bustelo, "que nuestro objetivo no es instaurar una subvención más, sino lograr que pague quien debe hacerlo, pero mientras tanto el fondo puede servir para no dejar en el desamparo a las mujeres afectadas por esta situación". "O los hombres", precisó Jordi Pujol, porque ahora también hay mujeres obligadas a pagar pensión".El Gobierno de la General¡tat prepara además, según anunció ayer el presidente Pujol, otro proyecto de ley que establecerá el reparto de los bienes familiares en el momento de la separación. La nueva normativa establecerá en Cataluña, donde el matrimonio se rige por el rágimen de separación de bienes, que los bienes gananciales del matrimonio sean repartidos a partes iguales entre el marido y la mujer al hacerse efectiva la separación.

"Muchas mujeres se quedan sin nada cuando se separan porque todo lo que se ha comprado durante el matrimonio se ha inscrito a nombre del marido", indicó Joaquirna Alemany.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de noviembre de 1988

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