Un 'impuesto revolucionario'

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid incluyo vanos artículos referidos a la llamada reparcelación económica que pronto pasó a conocerse entre en el sector inmobiliario como el impuesto revolucionario.El Plan General creó una nueva figura, la unidad de actuación discontinua, nombre bajo el que el Ayuntamiento podía unir todos aquellos solares de una misma zona que estuvieran vacantes, tuvieran edificaciones derruidas o ruinosas libres de ocupantes, y fueran aptos para la edificación.

Si el propietario de un polígono normal debe ceder al Ayuntamiento el 15% del aprovechamiento medio del terreno para construir equipamientos, el Plan General fijó que los propietarios de una unidad de actuación discontinua también debían paliar el déficit de equipamientos. Su aportación, al no poder ceder suelo, se haría mediante el pago de una compensación económica. La cantidad a pagar fue fijada en el 13.4% del costo de la operación a desarrollar en cada unidad.

Según fuentes municipales, la compensación económica se abona de forma previa a la concesión de la licencia, aunque muchos de los promotores recurren después el pago de la reparcelación económica ante los tribunales.

Precisamente varios de los recursos presentados contra el conjunto del Plan General hicieron especial hincapié en la supuesta ilegalidad de este pago. Estos recursos están aún pendientes de resolución judicial y se cree que las sentencias empezaran a conocerse en los próximos meses.

Según informó ayer Enrique Villoría, concejal de Alianza Popular y presidente de la comisión municipal de Urbanismo, el Ayuntamiento ha recaudado por este concepto, desde que entró en vigor el Plan General, unos 2.000 millones de pesetas. En opinión de Villoria, los responsables municipales no han invertido aún el dinero recaudado ante el temor de que los tribunales empiecen a pronunciarse, como ha ocurrido ahora, en contra de las tesis municipales.