Un triunfo del diálogo

EL ACUERDO entre el Ministerio de Educación y Ciencia y cuatro sindicatos de profesores de la enseñanza pública no universitaria puede servir para poner fin a uno de los conflictos más largos y graves que se recuerdan en el ámbito de la escuela estatal. Hay que felicitarse por ello porque el acuerdo es el fruto de un diálogo entre la Administración y los representantes de los trabajadores, que no es precisamente lo que se estila en estos tiempos. El hecho de que en este terreno hayan logrado coincidir el Gobierno y las dos centrales sindicales que más cuestionan su política socioeconómica en un momento en que se agudiza su enfrentamiento global no puede dejar de ser percibido por muchos ciudadanos como un signo más de la confusión y de la contradicción que dominan la vida de este país.Es evidente que bajo la dirección del nuevo titular de Educación y Ciencia, Javier Solana, se ha producido un cambio cualitativo en el talante de la Administración. Tanto en el conflicto de los estudiantes de enseñanzas medias en el curso 1986-1987 como en el de los profesores el pasado año académico, los entonces responsables de la política educativa, empeñados en hacer prevalecer la autoridad sobre el diálogo, consiguieron provocar la irritación de la opinión pública y agravar y prolongar los conflictos. No menos evidente es que el mismo Gobierno, que se mantuvo inflexible en la oferta económica al personal docente, ha modificado sustancialmente sus planteamientos meses después. Cuando el responsable de la política económica del Ejecutivo afirmaba en el pasado mes de abril que no se ofrecerían más de 30.000 millones de pesetas para las mejoras salariales del profesorado, no intuía que en noviembre -con otro ministro de Educación- se llegaría, cuando menos, a 64.000 millones de pesetas. Una rectificación a tiempo habría evitado numerosas molestias a los ciudadanos.

La satisfacción por el acuerdo suscrito el pasado sábado es obvia cuando se piensa que la permanente frustración del profesorado no es el clima más adecuado para avanzar en el camino de la mejora de la calidad de la enseñanza, objetivo del que se habla mucho, pero que parece haberse convertido en una expresión hueca. Los profesores recuperan con el acuerdo un clima indispensable para afrontar la reforma del sistema educativo que la sociedad española demanda. En este sentido sería útil recordar, tanto a los sindicatos como a sus representados, lo que tantas veces repitieron unos y otros durante los duros meses de la huelga del pasado curso, es decir, que las reivindicaciones no se limitaban a una mejora de las retribuciones, sino que encerraban el objetivo de la mejora de la calidad de la enseñanza. La escuela pública ha sufrido un grave deterioro de su imagen como consecuencia del largo conflicto, y es responsabilidad de los sindicatos y de los profesores convencer a los ciudadanos de que la condición de funcionario, el único trabajador por cuenta ajena que goza de la estabilidad en su puesto de trabajo, no sólo no es un obstáculo, sino un estímulo para que el servicio público esencial de la enseñanza funcione con eficacia.

La sorpresa final de la defección de la Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios (CSIF) alegando los resultados de una confusa consulta a los profesores es una muestra más de la lamentable atonía sindical en que vive el país. Los cuatro sindicatos firmantes le han recordado a la independiente confederación que en buena medida el acuerdo estaba condicionado en sus aspectos retributivos por el que en su día firmó la CSIF con el Gobierno, en solitario y sin consultar a nadie. Una confederación que también firmó en mayo pasado un preacuerdo al que sus dirigentes llegaron a calificar de histórico para, a renglón seguido, combatirlo abiertamente ante sus representados. Pedir con esta conducta de vaivenes que la militancia sindical aumente es pedir la Luna.