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El Gobierno cede a las presiones de los empresarios y, la Iglesia para que el día de la Inmaculada sea festivo

Francesc Valls

El Gobierno ha decidido declarar festivo el día de la Inmaculada, el próximo 8 de diciembre, después de la presión ejercida por la Iglesia y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). La decisión, que fue notificada ayer durante la comisión mixta técnica Iglesia-Estado, no puede entenderse, según el secretario de la Conferencia Episcopal, Agustín García Gasco, como una victoria en un pulso entre la Administración y los católicos. "La causa última no es la presión de los obispos, sino también el clamor de lo cristiano, -donde se incluyen los empresario, agregó García Gascó. La primera semana de diciembre tendrá sólo tres días laborables.

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El traslado de la festividad del día 5 al 8 -un camino de vuelta respecto a lo que había fijado el decreto de Trabajo sobre el calendario laboral- se daba el pasado jueves prácticamente como un hecho, después de las declaraciones realizadas en este sentido por el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. Éste manifestó que el Ejecutivo no tenía ningún inconveniente en declarar no laborable la Inmaculada si los empresarios daban el visto bueno. Este cambio fue calificado por Guerra de "una cierta ligereza". "Pero no va a ser el Gobierno", agregó, "quien tenga que preocuparse por los intereses del aparato productivo si sus representantes no están en esta actitud".Trabajo, haciendo uso del Estatuto de los Trabajadores, decretó en diciembre del año pasado que la festividad se trasladara al día 5, para evitar un puente continuado, ya que el 6 no es laborable al celebrarse el Día de la Constitución. Con el cambio, durante la segunda semana de diciembre serán festivos el martes y el jueves. Sin embargo, ello no ha preocupado a los empresarios, que anteriormente habían expresado algunas reticencias ante esa eventualidad.

"Tener la fiesta en paz"

El cambio de actitud de la CEOE se inició, según dijo ayer García Gasco, después de la misa de la Almudena, el pasado martes. El secretario del episcopado explicó ayer: "Llegué a casa y llamé a José María Cuevas [presidente de la CEOE] para decirle que ahí estaba el obispo a sus pies pidiendo que intervenga". "Yo noté su compromiso; Cuevas me dijo que desde el principio estaba en el tema y que en lo que de él dependía no iba a quedar nada por hacer para tener la fiesta en paz", agregó el secretario del episcopado.

"La Iglesia católica ha sido respaldada por el pueblo, que aportó más de dos millones de firmas; y eso es lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa", señaló García Gasco. "El Gobierno ha sido sensible" dijo el obispo secretario. Efectivamente, en la reunión Iglesia-Estado celebrada ayer, el director general de Trabajo, Carlos Navarro, se presentó con el beneplácito del Ejecutivo debajo del brazo. La decisión había sido tomada en la Moncloa, de acuerdo con fuentes de la Administración, para ser planteada en esa reunión en la que, en principio, no, estaba previsto abordar ese tema. Fue, en palabras de García Gasco, "una reunión ordinaria que se ha convertido en extraordinaria".

Sin embargo, la ministra portavoz, Rosa Conde, ignoraba la decisión del Gobierno, ya que en la conferencia de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros daba todavía como condicionado a la actitud de los empresarios un acuerdo que ya había sido tomado. Unas horas antes, el comunicado leído por Navarro decía: "La representación del Estado español considera procedente que la fiesta de la Inmaculada Concepción pase a disfrutarse el día 8 en vez del 5 como estaba inicialmente prev¡sto". Para ello, el Ejecutivo ha tenido en cuenta "la valoración del hecho de que los destinatarios de una medida planteada por el Gobierno como racionalizadora del régimen de fiestas laborables en 1988 han planteado públicamente su opinión de que no se derivarían perjuicios para ellos en el caso de no ponerse en práctica tal medida en este año".

Con ello se cumplía un objetivo por el que el presidente del episcopado, cardenal Ángel Suquía, había luchado desde el pasado mes marzo. Por aquellas fechas se le comunicó al presidente del Gobierno el deseo de los obispos de que el día de la Inmaculada fuera festivo. Felipe González le contestó seis meses después, en octubre, por medio de una carta en la que remitía a Suquía a la Comisión Mixta, que en realidad poco podía hacer, al tratarse de una instancia técnica.

Para entonces las protestas de los católicos ya habían comenzado. Unas semanas después se había recibido ya un m¡llón de firmas en apoyo de la propuesta episcopal. Precisamente había sorprendido que la Iglesia no reaccionara hasta marzo, puesto que el calendario de fiestas fue aprobado en diciembre. del año pasado. No falta quien afirma que entre los obispos se produjeron reproches a algún negociador por no haber hecho suficiente énfasis en el tema.

Sin embargo, desde la llegada de García Gasco a la secretaria general -en el primer trimestre de este año- las cosas marcharon por otros derroteros. El nuevo secretario del episcopado, junto al cardenal Suquía, ha sido uno de los grandes artífices de que la Inmaculada se declare festivo. "Ha habido entrevistas con ministros", reconoció ayer García Gasco, "aunque no fuera para hablar explícitamente del tema de la Inmaculada". El secretario del episcopado ha conseguido negociar un calendario fijo de fiestas en el que se respetan la Inmaculada, Navidad, Todos tos Santos y Viernes Santo.

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