Las promotoras de Tierra del Fuego estafaron 1.500 millones de dólares al Estado argentino

El Estado argentino fue estafado en más de 1.500 millones de dólares por las empresas que violaron la ley de Promoción del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, la llamada Isla Grande, ubicada en el extremo sur del país. El Ministerio de Economía, ante las denuncias de la oposición, que exigió la renuncia del administrador nacional de Aduanas, admitió que había iniciado la demanda judicial contra 32 empresas y el sumario administrativo a 39 funcionarios. El juez federal Alcindo Álvarez Canales ordenó procesar a 26 personas, de las que mantiene a 14 en prisión preventiva, y reclamó a la Interpol la captura de otros 10 responsables prófugos. La investigación de unas 60 empresas involucradas reveló las ventas falsas de estructuras metálicas y casas prefabricadas que eran sobrefacturadas y permitían luego cobrar el reembolso previsto por la ley de Promoción de Tierra del Fuego. Entre los más de 2.000 embarques supuestos de mercadería con destino al sur del país se han detectado diversas formas de realizar la estafa. Sólo una de ellas, entre cientos, consistió en el traslado —según la documentación— de un mismo camión desde la capital federal a la ciudad de Ushuaia dos veces en dos días. La distancia entre Buenos Aires y la capital de Tierra del Fuego es de 3.478 kilómetros, y el viaje demora habitualmente más de una semana. Pero el juez comprobó además que ese camión con mercadería nunca había sido puesto en movimiento.

Interviene Alfonsín

El caso ha explotado como un escándalo en los periódicos —aun que la investigación lleva ya seis meses— porque la oposición reclamó la renuncia del administrador nacional de Aduanas, Juan Carlos Delconte. El presidente Raúl Alfonsín intervino personalmente y recibió a Delconte, quien seguramente renunciará a su cargo después de que represente al Gobierno en un congreso internacional de administradores de aduanas que debe reunirse próximamente en la ciudad balnearia de Mar del Plata. El diputado Alberto Albamonte, de la Unión de Centro Democrático (UCD), la tercera fuerza electoral del país, convocó a la Prensa frente al edificio central de la Aduana en Buenos Aires y montó un pequeño tinglado que reproducía en escala a los que fueron el motivo de la estafa. Un grupo de militantes radicales le arrojó huevos y atacó también a los periodistas.

En un anuncio publicado en los periódicos del pasado viernes, el Ministerio de Economía advierte que "se habían adoptado acciones y procedimientos eficaces para la investigación y sanción de los responsables mucho antes de que se hiciera esta escandalosa difusión". El Gobierno acusa de "oportunistas" a los diputados de la UCD y del peronismo que presentaron las denuncias y los vincula con el comienzo de la campaña electoral. El interés de la Prensa por la corrupción, que se percibe en todos los niveles de la Administración pública, se inició después de que el Banco Central permitiera al Hipotecario que se revelaran las listas de beneficiarios con "créditos privilegiados" para la compra de viviendas. Entre ellos figuraban numerosos periodistas, parientes de diputados y de funcionarios del Gobierno.