El Parlamento Europeo pide ir más allá del programa de Marín sobre la dimensión social

FÉLIX MONTEIRA ENVIADO ESPECIAL, El Parlamento Europeo votará en el pleno del próximo día 27 un dictamen en el que se plantea a la Comisión de la CE la adopción de varias dichas para la protección de los derechos de los trabajadores en la perspectiva del mercado único a partir de 1993. El dictamen recoge las propuestas esenciales de los sindicatos y va mucho más lejos que el programa del comisario Manuel Marín sobre la dimensión social. Entre otras cosas, se afirma que "el diálogo social no puede constituir en modo alguno una coartada" para no legislar.

El dictamen sobre la función de los interlocutores sociales en la Comunidad, elaborado por el eurodiputado socialista español José Álvarez de Paz, cuenta con el apoyo de todos los grupos representados en la Comisión de Asuntos Sociales. La aprobación mayoritaria en el pleno del próximo día 27 en Estrasburgo es segura, porque "el texto ha sido consensuado para evitar que se quedara reducido a un informe testimonial".La propuesta parlamentaria se concreta en exigir a la Comisión Europea la elaboración de una directiva sobre el papel de los interlocutores sociales en la realización del mercado único, de forma que se supriman los obstáculos para la existencia de convenios colectivos de dimensión europea. Se solicita además una directiva sobre los derechos sociales mínimos y un estatuto de la empresa en Europa.

El informe aborda el derecho de información y consulta de los trabajadores en las empresas multinacionales, para lo cual han de establecerse sanciones en caso de incumplimiento. Se trata de un tema tabú en la CE desde que en 1980 la Comisión Europea, a través de la llamada directiva Vredefing. se atrevió a hacer una propuesta en este sentido.

Presiones multinacionales

Ni esta proposición ni la versión más edulcorada de 1983 prosperaron. Las presiones de los lobbies multinacionales, y en especial la del Gobierno de Estados Unidos, paralizaron la iniciativa hasta el punto de que los ministros de los doce decidieron hace dos años y medio no hablar siquiera del tema hasta 1989..El Parlamento ha expresado vanas veces su rechazo, a través de resoluciones que condenan despidos masivos, como los 1.034 de Michelin en Bélgica en el verano de 1986, sin que los trabajadores fueran consultados o incluso advertidos.

El eurodiputado Álvarez de Paz afirma que la Confederación Europea de Sindicatos apoya el dictamen, mientras que la reacción de la patronal UNICE ha consistido en decir que se trata de "marxismo recalentado". Algunos empresarios, dice, "emplean un lenguaje despiadado; postulan que no hay que poner normas a nadie y amenazan con irse a otra parte si se acaba con los salarios más bajos y las j ornadas más largas que rigen en los países del sur de Europa".

En su opinión, la Comisión Europea y el programa del comisario Marín quieren evitar ir más allá de la libertad de las partes para negociar, pero si bien el diálogo social es positivo, ello no puede ser una excusa para no adoptar las directivas necesarias sobre protección social.

En el seno de la Comisión de Asuntos Sociales se ha producido un acuerdo generalizado, con defensa decidida del proyecto por parte del aliancista Fernando Suárez, que se enfrentó por este motivo a sus compañeros de grupo, los conservadores británicos. Para lograr el consenso ha habido que transigir con exigencias del lobby de las multinacionales, como definir a estas compañías con el eufemismo de empresas de estructura compleja.

Tampoco ha habido más remedio que retirar la propuesta de prohibir el cierre patronal a nivel comunitario y en la Constitución de cada Estado miembro.