La reforma agrícola de la CE agrava la discusión entre el Norte y el Sur
F. M., El Consejo de Ministros de Agricultura de la CE celebrado ayer y anteayer en Luxemburgo finalizó sin que los doce lograran siquiera aproximar sus posturas sobre los temas importantes puestos sobre la mesa. La discusión de las ayudas a la renta de los agricultores perjudicados por la reforma de la política agrícola común (PAC), el debate de los fondos estructurales para el campo y la polémica sobre el reparto de cuotas suplementarias de leche hicieron patente la diferencia creciente de intereses entre los países del norte y del sur de la Comunidad.
Las minorías de bloqueo, que surgen ya sin necesidad de acuerdo previo, impiden tomar decisiones. Se cumple una vez más la afirmación repetida por el ministro español Carlos Romero, ausente de esta reunión por enfermedad, de que si la CE no reconoce que el equilibrio tradicional se ha roto con el ingreso de España y Portugal cada vez va a ser más difícil avanzar en el proceso de reformas agrícolas. Mal presagio para la presidencia española durante el próximo semestre, en el que nuestro país que interpretar el difícil arte de articular consensos.Sobre el Consejo sobrevoló el programa de abandono de tierras, que aún no se ha puesto en marcha. El plan consiste en subvencionar a los agricultores que dejen de producir cereales y remolacha, cultivos fuertemente excedentarios en la CE. En España afectaría teóricamente a nueve millones de hectáreas, del total de 75 millones de hectáreas dedicados a la producción agrícola o forestal El plan es obligatorio para los Estados y voluntario para los agricultores, que pueden elegir acogerse a él o no.
Abandono de tierras
El problema es que el abandono de tierras, auspiciado por la RFA, en nuestro país parece predestinado para Andalucía o Extremadura y la propia filosofía del programa -subvenciones para dejar de cultivar- choca con la reforma agraria bulbiciente en estas regiones. "Nos plantea un problema político enorme", reconoció ayer un representante español. La intención del Ministerio de Agricultura fue dejar exento el 62% del total teórico. La Comisión Europea rechazó esta propuesta, así como la posterior del 50%, y ha amenazado a nuestro país con llevarlo al Tribunal de Justicia de la CE. La última oferta española es dejar al margen al 39% de esos nueve millones de hectáreas. La Comisión reconoce que nuestro país tiene razones de peso, justificadas en la amenaza de agravar el despoblamiento y la desertización de esas zonas, pero quiere dar fe de mano firme ante el resto de los países comunitarios.
En lo que respecta a las ayudas a las rentas de los agricultores que resulten afectados por la reducción de producciones y al reparto de los fondos para el campo, los avances serán lentos.
También quedó para más adelante la propuesta de conceder cuotas de leche suplementarias para aquellos productores que en su día fueron excluidos. La Comisión está presionada por una sentencia del Tribunal de la CE que reconoce el derecho de los afectados a reconvertirse nuevamente de ganaderos en lecheros, y para ellos pide un aumento de 500.000 toneladas.
Los países implicados (Francia, Holanda, RFA, Bélgica y Luxemburgo) argumentan que serán necesarios al menos un millón de toneladas, mientras España plantea que se le aumente su cuota de ingreso.
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