¡Basta ya, muchachos!

Decepcionante. Preocupante. Alarmante. Estas tres palabras recogen en forma escalonada las reacciones de amplios sectores y colectivos del país que se destacan por la defensa de la Constitución y los derechos y libertades individuales y colectivos, ante lo que viene siendo una constante in crescendo en la actuación del Gobierno.La preocupación y la alarma se han extendido no tanto por el contenido de la actuación política del Gobierno en determinados ámbitos, sino sobre todo por la forma exterior que adoptan sus actuaciones. Preocupa y alarma no sólo el qué sino el cómo, y eso es especialmente grave en un Estado social y democrático de derecho en el que el partido que accedió al Gobierno lo hizo envuelto en un halo de participación pública y de desarrollo progresivo de los derechos y libertades. Por citar dos acontecimientos especialmente graves, el affaire-Amedo-policía-GAL y la reciente firma del tratado bilateral hispano-norteamericano dan probada cuenta de esa preocupación y alarma. En el primero de los casos, la actuación del Ejecutivo en pleno (y no de un ministro determinado) ha supuesto una grave conculcación de lo que debieran ser los principios rectores de ese Estado social y democrático de derecho que define nuestra Constitución. La apología vergonzante que con motivo de ese hecho se ha realizado de la prepotencia y la arbitrariedad, no ya del Gobierno, sino de determinados departamentos ministeriales no sólo se opone el control democrático de los ciudadanos a través del Parlamento, sino que incluso se opone al control del poder judicial sobre las acciones presuntamente delictivas de cargos políticos y funcionarios del Gobierno. A pesar de todas las críticas (en este caso autocrítica) que hemos vertido sobre la Administración de justicia, hay que reconocer que en este supuesto el Poder Judicial ha actuado con valentía y decisión (a pesar de las innumerables presiones) para la defensa de la legalidad democrática.

El reciente espectáculo dado por el fiscal general del Estado, ordenando a sus fiscales subordinados que no se opusieran a la petición de libertad de los señores Amedo y Domínguez, realizada en forma precipitada e irreflexiva, y, al parecer, sin un fundamento jurídico mínimamente aceptable, dada la contundencia de la resolución judicial que ha denegado la petición, ha supuesto un trágico eslabón más en esa cadena, pues no sólo significa el recurso a formas poco aconsejables de funcionamiento del ministerio fiscal, sino que a los ojos de la mayoría de observadores ha significado la subordinación del interés social, a cuya defensa está obligado dicho ministerio, a la razón de Estado, o más concretamente a la razón de gobierno.

La firma del acuerdo bilateral con EE UU significa y es en sí misma una grave violación del espíritu y la letra del texto sometido a referéndum y contenido en el Real Decreto 214/86, de 6 de febrero. No es necesario recordar que el texto no se refiere sólo a la instalación o almacenamiento de armas nucleares, sino que también prohibía la mera introducción de dichas armas (acuerdo segundo del Gobierno). El ciudadano queda perplejo cuando su presidente del Gobierno y su ministro de Asuntos Exteriores les informan que no existe vulneración del texto referido, y a continuación se les comunica que el Gobierno español ha renunciado, no ya a investigar, sino incluso a preguntar a EE UU si llevan armas nucleares sus barcos y aviones. Claro, como siempre sucede cuando realizan una actuación de este tipo manifiestan que esta cláusula no tiene la menor importancia y que confían plenamente que los barcos y aviones de EE UU no llevarán armamento nuclear cuando se introduzcan en territorio español. Éste es un supuesto perfectamente creíble, teniendo en cuenta la actuación histórica de EE UU, y suponiendo que el Gobierno colocará grandes plataformas marinas fuera de nuestras aguas territoriales para que los barcos y submarinos norteamericanos dejen sobre ellas sus armas nucleares antes de entrar en las bases y puedan recogerlas a su salida. Sería una jocosa salida el tema, ya no necesario por el inmediato anuncio relizado de un posterior convenio que permita el paso de armas nucleares por la Península.

Pero, como decía al principio, mucho más preocupante que el contenido de las medidas adoptadas es el modo en que las mismas se adoptan, fruto de una prepotencia creciente del Ejecutivo, que, en no pocos casos, supone una abierta confrontación con las normas básicas de nuestro Estado democrático. Lo mismo sucede cuando se explican a los ciudadanos las medidas adoptadas: unas veces implícitamente, otras de forma abierta, se invoca la esotérica razón de Estado o la costumbre europea para no dar explicación alguna, cuando no se insinúa de forma inadmisible una pretendida minoría de edad de toda la ciudadanía que no participa en el ejercicio directo de la cúpula del poder político.

Uno comienza a estar irritado de que se afirme lo que se ha afirmado sobre el contenido del convenio bilateral con EE UU y no puede evitar la sensación nada agradable de que intentan tomarnos el pelo infravalorando hasta extremos insospechados la capacidad de reflexión de cada uno de nosotros. Igual que cuando, bajo la frase demagógica y tremendista de no confundir Estado de derecho con Estado de desecho, el presidente del Gobierno quiere convencernos a todos nosotros de que lo que estamos solicitando (a saber, el sometimiento del Ejecutivo y de los funcionarios del Estado al control judicial) no es lo que estamos solicitando, sino otra cosa (la existencia o no de fondos reservados). Casi nadie ha entrado en la polémica sobre la conveniencia o no de los fondos reservados, pero lo que todos decimos es que dichos fondos no pueden invertirse en actuaciones presuntamente delictivas contra toda la sociedad y frente a los principios de nuestro sistema democrático.

Creo sinceramente que debe abandonarse la demagogia cuando los temas que se abordan son tan serios como los expuestos y que la continuación de esta actitud del Gobierno socialista pone en peligro el desarrollo e incluso el cumplimiento de aspectos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y, el desarrollo de los derechos y libertades, con la agravante de seguir siendo el partido que, electoralmente, se comprometió a recoger esas aspiraciones. Muchos militantes socialistas comparten este criterio en mayor o menor grado, por eso el vicepresidente del Gobierno (aunque dude de la sinceridad) hizo esa llamada en Barcelona contra el pragmatismo y a favor de la ideología.