Comunidades autonómas y europeas

EL PLEITO entre el Gobierno central y el Gobierno de Euskadi por la instalación de una oficina de representación ante la CE en Bruselas (oficina dependiente del Departamento de Presidencia de dicho Gobierno autónomo) se ha saldado, de momento, con la admisión a trámite del recurso por el Tribunal Constitucional, lo que implica el cierre cautelar de tal oficina. El Gobierno de Vitoria ha anunciado ya su intención de modificar el ambiguo estatuto jurídico de su oficina mediante la creación de una sociedad públiba. Queda pendiente de resolución por el alto tribunal lo que constituye el fondo de la cuestión: si pueden o no las comunidades autónomas establecer relaciones directas, institucionales, con órganos supranacionales.La letra de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las relaciones internacionales (como sobre la emisión de moneda, o sobre la defensa, etcétera). Desde esa perspectiva, la discusión se ha terminado, y no parece que pueda ser muy otra la interpretación del alto tribunal sobre esta cuestión. Sin embargo, el asunto suscita interesantes reflexiones desde el punto de vista de la práctica política y de una lectura abierta del ordenamiento vigente en un sentido de avance histórico. En primer lugar, evidencia que unos y otros, alejándose del pragmatismo y el consenso, están malgastando el tiempo: el ilusionismo político de los sectores nacionalistas que especulan con la posibilidad de superar hacia abajo la instancia estatal -recuérdese la consigna del PNV en su reciente fiesta anual: Euskadi será la decimotercera estrella de la bandera comunitaria- se explica más como recurso retórico que como propuesta realista de actuación política.

La Europa en construcción es, por el momento y previsiblemente durante un largo período de tiempo, una Europa a doce, a doce Estados. Pero ¿hacía falta recurrir al Tribunal Constitucional para evidenciarlo? ¿Acaso no hubiera sido más ilustrativo que la propia Comunidad Europea, de la que todos se reclaman, hubiera, por sus propios medios, hecho saber a los nacionalistas vascos que se estaban exponiendo al ridículo?

Pero la utilización por los nacionalismos periféricos de la proyección exterior como instrumento de pequeña política doméstica no debe ocultar el interés de que las comunidades autónomas, al igual que determinadas corporaciones tanto públicas como privadas, cuenten con mecanismos que permitan aumentar el flujo de información en ambos sentidos: de Bruselas a las comunidades autónomas, y de proyección de éstas hacia el exterior. Porque una cosa es evitar duplicidades e iniciativas contradictorias y otra ignorar que la gestión de asuntos como los programas de desarrollo regional y otros podría verse favorecida por ese doble flujo informativo y promocional. Ocurre que eso debe hacerse dentro de un marco y dentro de un esquema de coordinación que corresponde articular al Gobierno central.

Dormitan en los cajones ministeriales tres versiones de un proyecto de convenio de coordinación comunidades autónomas-Gobierno para las relaciones con la CE. Es cierto que experiencias como la del observador de los länder alemanes no han sido suficienteniente productivas. Pero ¿es que no hay voluntad política ni imaginación en el Gobierno para, vista la experiencia ajena, articular otras fórmulas? El Gobierno debe decidir si encabeza un proyecto integrador de cuantas iniciativas surjan en este terreno o si se limita a reprimirlas poniendo melancólicamente puertas al campo. Y los nacionalismos y autonomismos de todo tipo deben escoger también, exigiendo algún tipo de organismo, conferencia o servicio común de las comunidades autónomas que posibilite nuevas técnicas de perfeccionar, según las circunstancias de hoy y las expectativas de mañana, la formación de la voluntad nacional. Por desgracia, todo indica que a unos simplemente les interesa contener el relativo desorden del patio actual, y a los otros, incrementarlo.