La delegada del Gobierno no contesta

Este periódico intentó ayer sin éxito contactar con la delegada del Gobierno en Madrid, Ana Tutor, para conocer su opinión sobre el caso protagonizado por el comisario Fernando Calatayud en particular y su opinión sobre el grado de cumplimiento en nuestro país del denominado Código de conducta de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado por las Naciones Unidas y suscrito por el Gobierno español.El citado código establece la necesidad de que los agentes del orden dispongan de una profunda formación ética que les haga desechar el uso de sus armas en aquellos casos en que no sea absolutamente necesario.

Según afirmó en su momento el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, José Antonio Martín Pallín, el Gobierno español suscribió el acuerdo, pero no se ha preocupado de llevarlo a la práctica. La asociación viene recogiendo en sus informes anuales el problema del uso desproporcionado que de sus armas de fuego hacen determinados funcionarios encargados del mantener el orden público.

Los intentos de debate suscitados desde sectores progresistas de lajudicatura, dirigidos a lograr la prohibición de portar armas de fuego a los agentes fuera de servicio, han sido siempre rechazados por la Administración.