El PSOE promete ajustar en el Parlamento la ley de planta a la reforma procesal penal

El pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer las cinco propuestas de devolución del proyecto de ley de Demarcación y Planta Judicial, formuladas por el Grupo Popular y cuatro diputados de formaciones minoritarias integradas en el Grupo Mixto. El ministro de Justicia, Enrique Múgica, defendió el texto gubernamental y destacó el compromiso del Gobierno "para reformar, racionalizar y modernizar la administración de justicia". La oposición estimó necesario que las reformas procesales precedan a la ley de planta, a lo que el socialista Álvaro Cuesta contestó que unas y otras se ajustarán durante el trámite legislativo.En la presentación del proyecto de ley, Múgica leyó un discurso en el que se califica el texto gubernamental como "piedra angular de la reforma que el Gobierno socialista está operando en la administración de justicia, para situarla en las condiciones que demanda esta sociedad moderna, desarrollada y democrática que es la España de hoy". En concreto, señaló que el nuevo partido judicial, servido por dos jueces de primera instancia e instrucción, contará con un mínimo de 50.000 habitantes y una extensión territorial entre 700 y 1.000 kilómetros cuadrados.

Habrá 401 partidos judiciales, 84 más de los actuales, y se crearán 762 órganos jurisdiccionales, que sumados a los actuales 1.999, harán un total de 2.761. El incremento de 1.064 jueces y magistrados situará la plantilla judicial en 3.551 miembros, con lo que se pasará de 18.752 habitantes por juez a 10.952, como "en los países de nuestro entorno", según precisó Múgica.

El ministro de Justicia se refirió a las reformas procesales para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 12 de julio sobre la incompatibilidad entre las funciones judiciales de instruir y juzgar (veáse EL PAÍS del miércoles último). Sin embargo, los cinco diputados que defendieron enmiendas de devolución criticaron que no se haya dado prioridad a tales reformas sobre la ley de planta.

"La casa por el tejado"

El diputado de EE, Juan María Bandrés, acusó al Gobierno de "empezar la casa por el tejado". Otro diputado del Grupo Mixto, Ramón Tamames, reprochó la creación de una infraestructura judicial antes del modelo procesal. Nicolás Sartorius, de IU, denunció la inexistencia de un programa efectivo de previsiones financieras para llevar a la práctica la ley. La cuarta enmienda fue presentada por Xenén Bernárdez, de Coalición Galega.

Por Coalición Popular, José Cañellas criticó, entre otros aspectos, que la futura ley infringe las competencias de los estatutos de autonomía en materia de demarcación judicial, que delega en el Gobierno la regulación de excesivas materias y que reitera la municipalización de los juzgados de paz, que deben ser dotados por la Administración central. En nombre del Grupo Socialista, Álvaro Cuesta recordó que la ley de demarcación y planta ha sido reiteradamente pedida desde la oposición y afirmó que las nuevas medidas procesales pueden ajustarse a la futura ley durante su tramitación parlamentaria.

Los portavoces del PNV, Minoría Catalana y CDS criticaron aspectos concretos del proyecto de ley, pero estimaron conveniente su no devolución. En la votación sobre las cinco enmiendas, estos grupos se abstuvieron (49 votos), mientras que los socialistas votaron en contra (147 votos) y 45 diputados a favor.