La CE rechaza la propuesta española sobre el abandono de tierras

El programa de abandono de tierras centró el debate del Consejo de Ministros de Agricultura de la Comunidad Europea (CE) que finalizó ayer en Bruselas. "Nosotros vamos a aplicar el programa, pero nos oponemos a una política de abandono de producciones agrarias y despoblamiento en zonas con desequilibrios sociales", manifestó el ministro español Carlos Romero.

Un portavoz de la Comisión Europea insistió en que las propuestas del Gobierno español son inaceptables y, en referencia a este conflicto y al que plantean Francia y Dinamarca, no descartó la posibilidad de plantear un recurso al Tribunal de Justicia de la CE si el programa no se pone en marcha en octubre, como estaba previsto. Si cuando se aprobó hace meses el programa se dijo que los ministros de Agricultura se habían hecho el harakiri, ahora muchos de ellos se resisten a ejecutarlo.

El objetivo de la Comunidad es erradicar cultivos en un millón de hectáreas, para lo cual tiene previsto destinar una cantidad que en 1992 se elevará a 42.000 millones de pesetas, además de las subvenciones de cada Estado. Los agricultores recibirán por cada hectárea abandonada una cifra que oscilará, según los rendimientos, entre 27.000 y 82.000 pesetas al año.

Hasta el momento, sólo el Reino Unido, la República Federal de Alemania, Holanda y Bélgica han adoptado disposiciones para financiar a los agricultores que están dispuestos a abandonar el cultivo de al menos el 30% de su explotación. Francia plantea que ese porcentaje sea un tope máximo, lo cual contradice el objetivo de dar incentivos suplementarios a los agricultores que dejen de explotar más de un tercio de sus tierras. Dinamarca tiene problemas constitucionales para aceptar ese programa comunitario aprobado por los doce. Italia ha entregado los datos tarde. Grecia, Luxemburgo e Italia tienen que facilitar informes suplementarios, mientras que Portugal queda al margen, durante años, de este plan.

El problema con España es que la aplicación de los indicadores socioeconómicos y de despoblamiento deja exento más de un 60% de la superficie teóricamente aceptada, a juicio de la Comisión. Los representantes españoles contestan esta apreciación, aunque admiten que las diferencias son muy grandes.

El decreto que tiene preparado el Ministerio de Agricultura es inaceptable, en opinión de la Comisión, a pesar de que nuestro país aceptó rebajar el índice de población para la exclusión de una zona de 37, 5 habitantes por kilómetro cuadrado (la mitad de la densidad demográfica nacional) a sólo 20.