El inconfesado temor a la crítica

Los deseos de aprobar una ley de protección del Gobierno no responden sino a un deseo oculto del Ejecutivo por defenderse de las críticas de la Prensa. El autor del artículo considera que tras ello se esconde la convicción de que la muerte del mensajero resulta más satisfactoria que el análisis del mensaje.

El anuncio hecho por el presidente del Gobierno, en su última reuníón formal con los medios de comunicación, de enviar al Parlamento un proyecto de ley del Gobierno, o de protección del Gobierno, trae a la memoria, inevitablemente, aquella otra ley que se empezó a gestar en julio de 1931 y que fue aprobada por el Parlamento el 21 de octubre del mismo año, con el nombre de ley de Defensa de la República, presentada el día antes a las Cortes Constituyentes por el presidente del Gobierno y ministro de la Guerra, Manuel Azaña, que la justificó diciendo: "... que es obligación del ministerio de proveer a la República de todos los medios necesarios para defenderse en cualquier eventualidad y en cualquier peligro, acomodados al volumen de las necesidades y a la intensidad de los peligros...". La discusión parlamentaria fue ciertamente mínima y tan sólo se recordó, por los opositores al Gobierno, la innecesariedad de la ley y su parecido con la ley alemana de Defensa de la Democracia de 1922 y con la ley de Terrorismo de 1908, firmada por Maura. No obstante, el diputado Royo Villanova planteó la cuestión de fondo de la ley, el problema que se ocasionaría a la libertad de Prensa, puesto que no sólo iba a interferir en la labor intelectual de la Prensa, sino también en la estabilidad industrial y laboral de la empresa periodística y de sus trabajadores.La ley, que cubría su trámite parlamentario al tiempo que las Cortes Constituyentes redactaban lo que sería la Constitución republicana del 9 de diciembre de 1931, al establecer lo que se consideraba como actos de agresión a la República, iba dirigida en primer lugar a los periodistas -"son actos de agresión la difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden social"-; después, a los funcionarios -"son actos de agresión la falta de celo y la negligencia de los funcionarios públicos en el desempeño de sus servicios"-; a los militares -"incitación a la indisciplina o al antagonismo entre institutos armados"-, y por último, claramente, a los sindicalistas, al decretar los requisitos precisos para la regulación de las huelgas obreras.

Aplicación de la ley

La aplicación de la ley fue, como ya se preveía, el instrumento del Gobierno contra los medios de comunicación. Es más, promulgada la Constitución republicana en diciembre de 1931, la libertad de expresión que en ella se recogía quedó anulada al quedar vigente, en contra de lo prometido por Azaña en el Parlamento, la ley de Defensa de la República. Este ataque a la Prensa empezaría, tres días después de publicarse la ley, con sanciones a los diarios El Defensor de Cuenca y Abc de Madrid, y seguiría con Solidaridad Obrera de Barcelona y Mundo Obrero y El Debate de Madrid. Este último, en enero de 1932 sufría una suspensión indefinida. Ante los permanentes ataques a la libertad de Prensa se creó en Madrid -febrero de 1932-, por los representantes de 16 diarios madrileños, la Liga Defensora de la Libertad de Prensa, cuyo fin concreto fue la supresión de la ley de Defensa. Por último, cabe recordar que esta ley, de triste recuerdo, sería derogada en julio de 1933, al promulgarse la de Orden Público.Ciertamente, y obvio es decirlo, la España de 1988 poco tiene en común con la de 1931. El Gabinete del presidente González no es aquel segundo Gobierno republicano que, presidido por Azaña, había tomado posesión el día 15 de octubre, y la situación de ambas sociedades no tienen puntos concretos de referencia; sin embargo, la idea que, al parecer, imperaba en el actual presidente era la de una necesaria protección del Gobierno, que no del Estado, y si se contempla esa necesidad es porque hay, al menos en teoría, alguien que le ataca, y por alguna causa. Éste es el nudo gordiano de la cuestión. De quién y contra qué, o contra quién, tiene que defenderse o protegerse un Gobierno sustentado desde hace seis años por una absoluta mayoría parlamentaria, sin una oposición coherente que le controle y cuyas críticas a su gestión, a falta de otras vías, vienen siendo suscitadas en la calle.

Analicemos por quién se puede sentir acosado el Gobierno. Problemas prioritariamente trágicos como el paro o el terrorismo no son motivo de acoso, porque la propia sociedad que los sufre entiende plenamente la dificultad que supone su resolución, y aunque se levanten voces proponiendo medidas alternativas o criticando las que toma el Ejecutivo, lo cierto es que la contextualización del problema es asumido por los ciudadanos, al tiempo que por el Gobierno, que ya convive con esas cuestiones como males endémicos y de difícil resolución. Nada hay peor que acostumbrarse a una enfermedad curable, porque se acepta con la naturalidad impropia de lo antinatural. Los funcionarios y los trabajadores, que tanto preocupaban a Azaña, no parece ser que desvelen el sueño de nuestros gobernantes. Los primeros ya han soportado una ley de jubilación anticipada y otra sobre incompatibilidades, y se están acomodando a que su sueldo sea inferior cada año, al ser la subida menor que la del índice del coste de la vida. En lo que hace a los trabajadores, al faltarles una unidad de intereses por las discordias entre las dos grandes centrales sindicales, están entretenidos en discutir más sobre problemas internos que por la lucha de sus reivindicaciones, hasta el punto que al Gobierno le parece que es indiferente, al igual que el año pasado, el formalizar la concertación social. Nada hay que decir de los militares, ya que Serra y su equipo han conseguido que el miedo anunciado de hace 10 años se quede en un diálogo sobre el éxtasis de lo inexistente.

Entonces, ¿qué le preocupa al Gobierno?, ¿contra quién se exige, asimismno, protección? Le preocupan los medios de comunicación, sus formas y hasta sus mensajeros. A los administradores públicos les molesta que la Prensa, y los medios de comunicación privados en general, no alaben suficientemente lo que dicen que hacen. No entienden que los medios no lanzan aleluyas. Que no es noticia fundamental el que realicen el trabajo que les corresponde, porque para eso están, y que sí son noticias los dislates y las paranoias impropias del cargo. Al Gobierno le molesta que se hable del posible campo de tiro de Anchuras, cuando no ha sabido consultar al país qué tipo de Ejército quiere tener para el año 2000. Le preocupan más los ecos de las huelgas de funcionarios docentes con las que acabó el curso que sus propias reivindicaciones. Consideran ataque el que unos periodistas provoquen la intervención judicial en el caso Amedo en lugar de plantearse cómo están los desagües del edificio gubernamental. Maldecían a la Prensa que a diario seguía los vericuetos del juicio en el caso el Nani, que sacaba a la luz pública los abusos del poder policial, puesto que la ley debe ser igual para todos y no caben los ciudadanos fuera de toda sospecha.

Las miserias del poder

El Gobierno se siente atacado por los medios de comunicación. Y esto también requiere una reflexión, sobre todo cuando la absoluta mayoría parlamentaria permite la innecesariedad de pactar medidas de gobierno con otras fuerzas políticas. Sin embargo, los problema! se producen y deben tener el tratamiento que las circunstancias requieren, y si el partido gobernante no permite, en uso de la más estricta legalidad, que determinadas cuestiones se debatan o investiguen por quienes tienen la representación del pueblo, pues serán los medios de comunicación quienes, otra vez, y sin que ésa sea su verdadera misión, se arroguen funciones que no le son propias, sustituyendo la ineficacia de los poderes públicos. Sabemos que es difícil hacer cualquier ejercicio de humildad cuando se tiene una cuota tan amplia de poder, pero es más costoso que la humildad nos la impongan a tener que leer cada mañana las miserias del poder. El problema de los desagües de cualquier edificio es que al estar por debajo, cuando se estropean, pueden hacer que el edificio se derrumbe.La promulgación de esa ley, que se anuncia o amenaza según quien la contemple, sería un error grave por muchas razones. En primer lugar, para la fiabilidad de la gestión del propio Gobierno. Es difícil entender que el poder precise de una ley que le proteja precisamente de quienes le han dado su confianza en las urnas, porque ninguna ley posible va a legitimar las actuaciones que la sociedad no encuentre correctas. Aterra pensar que un Gobierno que cuenta hoy, lógicamente, con el aparato administrativo, con instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, y que además dirige la única televisión que hay, necesite de una ley que le ampare aún más. En segundo lugar, porque probablemente habría que modificar la propia Constitución, salvo que se pretendiera elevar a la categoría de ley la simple chapuza administrativa. Por último, el error más grave estaría en que esa ley condicionara las libertades de expresión y de información, porque entonces se habría herido de muerte el sistema democrático, cuyo pilar fundamental son precisamente esas libertades. Si en la mente de algún gobernante está el conseguir por la vía legal, que no legítima, amordazar a los medios de comunicación, es que no merece ser gobernante.

Por cierto, y a nosotros ¿quién nos protege del Gobierno?

es catedrático de Historia y Teoría de las Libertades Públicas en la Información de la facultad de Ciencias de la Información de la universidad Complutense.