'Otoño caliente'

A PUNTO de expirar el plazo para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 1989, una serie de acontecimientos muestran que, a pesar de la tendencia positiva en que se mueven los grandes indicadores económicos en España, todavía persisten problemas estructurales que auguran un próximo ejercicio menos optimista del que se esperaba. Los avisos sindicales de que tendremos un otoño caliente en el terreno laboral aumentan además los nubarrones sobre la bonanza económica, que el Gobierno socialista ha esgrimido como el más importante de sus triunfos. Sin poder afirmar que todos estos signos supongan el fracaso de la política económica socialista y el fin del milagro, como algunos sugieren, tampoco es posible decir que aquí no ha pasado nada y que la inflación seguirá bajo control. Entre otras cosas porque nunca lo ha estado del todo.El marco actual de la economía española se caracteriza por un fuerte crecimiento del producto interior bruto (por encima de la media de los países de la OCDE); el mantenimiento del paro en niveles escalofriantes, aunque en los últimos tiempos se haya generado un crecimiento del empleo; la pérdida del control sobre la inflación y el aumento del diferencial con la CE; el fuerte crecimiento de las importaciones; el buen comportamiento del sector público, cuyo déficit será inferior al previsto en 1988; el mantenimiento de las magnitudes monetarias dentro de la banda fijada por el Gobierno; un repunte en los tipos de interés, después de largos meses de caída, y el continuado aumento de la inversión, nacional y extranjera.

El resultado de todo ello es una economía en expansión, pero con signos de recalentamiento y con el peligro evidente de que los precios vuelvan a dispararse. La inflación subyacente (sin energía, ni productos alimenticios no elaborados) lleva meses estancada por encima del 5%, y las perspectivas internacionales no apuntan a descensos de precios. A ello se une un panorama social de descontento, atizado por la pugna UGT-Gobierno socialista, y unas crecientes diferencias de bienestar y capacidad adquisitiva entre la población empleada y la que no encuentra trabajo.

En este marco se están produciendo decisiones contradictorias que pueden afectar a la buena marcha de la economía española en 1989. El ejemplo más claro son los acuerdos firmados por la Administración con funcionarios y pensionistas. No ya por el hecho de dejar descolgados a UGT y CC OO (al fin y al cabo fueron los sindicatos los que decidieron no firmar), sino por el trasfondo político de la negociación y firma de los acuerdos.

Parece claro que el Gobierno ha cedido con prontitud a buena parte de las pretensiones de los funcionarios con la intención de asegurarse la paz en la Administración durante el próximo año, en que España asumirá durante seis meses la presidencia del Consejo de Ministros de la Comunidad Europea. Sin embargo, el acuerdo con la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) no asegura la falta de conflictividad en la Administración (UGT y CC OO intentarán movilizaciones), y además los sindicatos tomarán como mínimo punto de referencia el 5,59% de subida de los funcionarios a la hora de negociar los salarios de 1989. Todo ello augura nuevas presiones inflacionistas, ante las que los empresarios se mostrarán débiles, pues el estado económico de sus empresas les permite ceder en las negociaciones salariales con desprecio del nivel de competitividad y del cuadro general de la economía española.

Mientras tanto, se anuncian nuevas alzas de los tipos de interés y un encarecimiento del dinero que contribuirá también al aumento de los precios al consumo. En conjunto estamos, pues, ante un panorama que difícilmente puede considerarse optimista, y en el que es exigible un esfuerzo por parte del Gobierno y los sindicatos para encontrar puntos de acuerdo en beneficio de todos. La pugna entre el sindicato y el Gabinete socialistas es un lamentable ejemplo de personalización de la política y de politización de los intereses sindicales. La impresión de que asistimos a un diálogo de sordos en el que están en juego prestigios y pruritos de uno y otro lado, por encima de las verdaderas necesidades del país, es inevitable. Y la cuestión esencial no es tener otoños calientes ni fríos, sino restaurar el consenso que ha facilitado en los últimos años el crecimiento económico y el aumento del bienestar.