La desconcertación

Hace menos de un año los sindicatos se permitieron opinar que la previsión de inflación del Gobierno para 1988 -el 3% al final del año- no era realista; sugirieron una cifra superior en un punto y exigieron sobre todo una cláusula de revisión universal por si la previsión no se cumplía. La reacción no se hizo esperar: la gubernamental batería informativa se orientó a transmitir a la opinión pública la especie de que los sindicatos lo que querían era que subiera la inflación, es decir, los precios, con lo que a quienes más iban a perjudicar era justamente a los más desprotegidos ante esa eventualidad: pensionistas, trabajadores sujetos a salario mínimo, funcionarios, trabajadores sin cláusula de revisión. El Gobierno era nuevamente el progre y el defensor de los débiles; los sindicatos, los arcaicos y conservadores.Evidentemente, ni se varió la previsión de inflación ni, una vez más, se hizo el mínimo caso a la demanda de una cláusula de revisión para las retribuciones que dependen del Estado. Desgraciadamente, tampoco se acertó: un año después, los expertos coinciden en asegurar que la inflación será mayor que la prevista y, efectivamente, pensionistas, funcionarios, etcétera, es decir, millones de personas, verán reducido su poder adquisitivo a causa de ello. ¿Será también por culpa de los sindicatos? ¿Se les aplicará a esos colectivos una revisión con carácter retroactivo? ¿Se les concederá una cláusula de garantía para el año que viene?

Durante este verano se ha repetido el esquema argumental Gobierno progresista/sindicatos carcas, aunque sobre temario diferente y con un estilo más agresivo. En torno a la demanda sindical de una mayor cobertura del desempleo se ha difundido la idea de que los sindicatos pedían barbaridades, que preferían tener a los parados en casa vagueando antes que trabajando, que estaban arruinando la concertación y que, además, eran unos conservadores, casi reaccionarios.

Esta línea argumental, que no es nada casual o esporádica sino una constante política, se presta a la realización de algunos comentarios. Empecemos por la cobertura del desempleo. En una primera etapa se ha tratado de ridiculizar y descalificar a los sindicatos en base a sobrevalorar sus reivindicaciones con cifras astronómicas. En ese intento incluso se les fue la mano, pues, con el mayor de los rigores matemáticos, un ministerio valoró la propuesta sindical en 500.000 millones y otro en 800.000. Pero, barbaridad o no, lo que la UGT pedía y sigue pidiendo es algo que el Gobierno firmó en el AES y que lleva dos años sin cumplir: una tasa del 48% de cobertura. Y mientras no se demuestre lo contrario, cumplir lo pactado no es conservador o progresista, sino una cuestión de principios.

El sofisma conservador

En una segunda fase, ya no se insistía en las cifras -pues al fin y al cabo se iba a gastar lo que desde el principio el Gobierno tenía previsto dedicar a este temasino en la diferencia de conceptos. Los sindicatos lo que quieren, se decía, es tener a los parados sentados en casa chupando del bote del subsidio, y en cambio, el Gobierno pretende facilitarles un empleo. Fuerte, muy fuerte, y si ello fuera cierto rompería ahora mismo mi carnet sindical. Pero no es cierto; es, por el contrario, un sofisma muy clásico de la ideología conservadora el de oponer subsidio a empleo.

Nadie, incluidos estos desalmados sindicatos, prefiere un parado subsidiado a un parado ocupado. El problema, sin embargo, es que sigue habiendo parados que no tienen subsidio ni están recibiendo capacitación profesional y tampoco encuentran trabajo. Lo que el Gobierno dice que hay que hacer prioritariamente para responder a esta situación (más medios para fomento de empleo y formación profesional) es justamente lo que viene haciendo en los últimos años. Pero, a pesar de que las dotaciones presupuestarias para el fomento del empleo y formación profesional se han multiplicado por cinco desde 1983, los parados de larga duración aumentan extraordinariamente y los parados sin cobertura también: el 44% de los desempleados lleva más de dos años en el paro y el 73% no recibe ningún subsidio.

Nosotros no estamos en contra de que se destinen más medios a formación profesional; de hecho, en nuestro país, la dotación correspondiente aumentó de manera significativa gracias a UGT (a través del Fondo de Solidaridad del AES) y, también hay que decirlo, a pesar de la resistencia que en aquel entonces realizó el Ministerio de Economía y Hacienda. Después, a partir de 1986, la incorporación de España a la CEE y, consecuentemente, a los mecanismos del Fondo Social Europeo ha permitido un aumento notable del presupuesto para formación profesional.

En la UGT siempre hemos creído que la política activa de empleo más importante es la de formación profesional, y ejemplos como el alemán lo demuestran. Estamos, pues, netamente a favor de que haya más y mejor formación profesional y medios para financiarla. Somos, eso sí, contrarios a la política que en este campo se está realizando, que ni ha puesto en pie el Plan Nacional de Formación Profesional comprometido en 1984 ni la mayor parte de esos ciento y pico mil millones que se gastan cada año sirven para formar sino que se van por las alcantarillas de un océano de agencias privadas de formación, siendo éste un método que se está demostrando eficaz para maquillar las estadísticas de paro, pero muy inapropiado para preparar profesionalmente a los jóvenes.

Tampoco estamos en contra de que se fomente el empleo. Estamos, eso sí, claramente en contra de esta política de fomento del empleo que en el último año ha llevado a que cada día 600 trabajadores fijos hayan sido sustituidos por temporales, una política que no asegura la formación ni las prácticas que subvenciona y que, en realidad, se traduce en una sobreexplotación de los trabajadores.

El debate no está, pues, en que los sindicatos quieran subsidio en lugar de medidas positivas de creación de empleo. El debate está en si se quiere o no dar asistencia a quien ni está formándose ni tiene trabajo, que además lleve más de dos años en paro y tenga una situación de necesidad.

Nadie ha pedido que se subvencione a medio país, como con tan buena intención y respeto a la verdad se ha afirmado. Lo que la UGT ha solicitado es una ampliación de la cobertura asistencial para 527.000 parados de larga duración y cuya renta familiar por persona sea inferior al salario mínimo interprofesional, es decir, protección para menos de la mitad de los parados que llevan más de dos años sin encontrar trabajo. Hay que añadir que, de esos más de 500.000 parados, 400.000 han trabajado y cotizado anteriormente.

Los 135.000 restantes son demandantes de primer empleo que, habiendo realizado su capacitación profesional, se encuentran en una particular situación de necesidad.

La posición del Gobierno

Frente a esta demanda sindical, el Gobierno sólo quiere extender el subsidio a los mayores de 45 años, que son unos 100.000. Ello está muy bien, aunque siguiendo la lógica gubernamental de facilitar empleo en lugar de subsidio no se entiende por qué a este colectivo se le condena a estar en casa sentado cobrando un subsidio mientras que a los demás colectivos, siempre según dicha lógica, se les facilita la consecución de un empleo. En realidad, esta discriminación entre parados viejos y jóvenes que se pretende realizar es difícil no relacionarla con las anunciadas medidas de inserción laboral de los jóvenes y, en general, con el proceso de sustitución de mano de obra fija por eventual. El riesgo de que ello conduzca a unas implícitas prejubilaciones a los 45 años es tan evidente como inaceptable.

Cualquiera podría pensar que lo que nos separa en este tema es una cuestión de medios, de presupuesto. No lo creo. Si fuese cuestión de dinero se podría resolver, por ejemplo, abordando las demandas sindicales en un plazo superior al de un año o bien limitando más la cuantía de las prestaciones a otorgar. Me temo que es, por el contrario, una cuestión de orientación: no se quiere reconocer el derecho al subsidio a ningún parado de larga duración menor de 45 años y, menos aún, a ningún joven demandante de primer empleo, por mucha que sea su necesidad y pese a que ello está reconocido en todos los países de la Comunidad salvo en Italia, Holanda y España, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1987. Es en esta diferencia de orientación donde sí nos tropezamos con el conservadurismo más militante.

Efectivamente, la idea de que el subsidio de paro fomenta la pereza y de que el problema del desempleo se soluciona eliminando los subsidios, porque así los parados dejarán de holgazanear y se pondrán a trabajar, no es nueva sino que es una constante del discurso conservador. Y aunque la práctica luego nunca logra ser tan radical como los discursos, lo cierto es que este tipo de argumentación busca tres objetivos: no aumentar y, si se puede, reducir las prestaciones de desempleo; justificar la ingente subvención a las empresas para la contratación; y crear una mayor situación de inseguridad y desprotección, sobre todo entre los jóvenes, de tal manera que se facilite la aceptación por los parados de cualquier tipo de trabajo y en las condiciones que se plantee.

En suma, los sindicatos no queremos el pleno desempleo, sino el pleno empleo. Queremos que ningún parado necesite subsidio porque tenga un empleo o esté realmente formándose, y que se dediquen a ello todos los recursos necesarios. Pero, en tanto esto no se consiga, pedimos que reciban una ayuda todos aquellos que verdaderamente la necesiten, lo mismo si tienen 25 que 35 o 45 años.

Ciertamente, la idea de una sociedad incapaz de dar empleo a centenares de miles de personas que llevan años en paro y a los que tampoco se les da ningún tipo de subsidio nos resulta de un progresismo muy raro.