Detrás está la gente
Durante los días finales del mes de junio se efectuaron, en el ámbito de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, las contrataciones necesarias para cubrir los períodos de suplencias generadas por las vacaciones estivales. Éstas se realizaron a partir de listas de espera confeccionadas a través de una oferta pública para contrataciones a tiempo cierto. Esta convocatoria pública, teóricamente defendible desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades y sobre todo por la degeneración y el desorden existentes en el antiguo sistema de contrataciones, tuvo en la práctica importantes lagunas y contradicciones, generadas principalmente por la ineficacia de la Administración.La primera laguna tristemente reseñable no tardó en hacerse evidente, y consistió en la falta de profesionales de enfermería para contratar. No es extraña esta ausencia sabiendo que durante los últimos años se ha asistido al cierre progresivo de escuelas de enfermería, lo que ha dado lugar a que la demanda de estos profesionales por el sistema sanitario haya sido superior a la oferta. Con una agravante notable en los hospitales dependientes de la Comunidad de Madrid, debido a la escasa generación de trabajo fijo en el sector público y, por encima de todo, en el tema que nos ocupa, el hecho de que la oferta en el período de tiempo de contratación por parte del Insalud es netamente superior al de nuestra red autonómica. Todo esto explica con facilidad para cualquiera (excepto para nuestra Administración sanitaria) el porqué de la imposibilidad de cubrir la demanda de trabajo en estos períodos con el suficiente personal de enfermería.
Ante esta problemática, la Administración utiliza, como tantas veces, la lógica de la gestión en lugar de la lógica de la generación de empleo, y procede al cierre de servicios sanitarios.
¿Olvida la Administración el daño que con esta medida provoca en el usuario? ¿Recuerda la lucha de los sindicatos de clase por la generación de ofertas de empleo público, en dura pugna con los que propugnan el desmantelamiento de la sanidad pública?
El cierre de estos servicios, especialmente en el hospital general Gregorio Marañón, es sensiblemente diferente, según en cuál de ellos se produzca. El cierre temporal de unidades pediátricas y maternales podría ser, como mucho, defendible, pero nunca presentable desde el prisma de la salud pública.
Pérdida de camas
Lo que resulta indefendible desde cualquier aspecto que se contemple es la pérdida temporal de camas en servicios tales como oncología y urología. Desde el aspecto sanitario, porque la demanda de estas camas hace que estén ocupadas al ciento por ciento durante todo el año, no generando listas de espera oncológicas, aunque sí urológicas. Con la decisión adoptada se puede conseguir que en tres meses existan listas de espera en oncología y se agraven notablemente en urología. Desde el aspecto económico, el cierre de estas camas genera un déficit cercano a los 200 millones de pesetas, que se unirán a los mal planificados presupuestos del hospital.
Señores de la Administración autónoma: no cabría preguntarse, si sus excusas son presupuestarias, el porqué de un cierre que reduce la prestación asistencial y el porqué no son capaces de hacer una oferta pública de empleo consecuente con las deficiencias observadas, aun a costa de generar un déficit que pudiera paliar estas deficiencias estructurales?
¿Responde todo lo anteriormente expresado a lo que ustedes llaman su decidida apuesta por el sector sanitario público o constituye un argumento de peso cedido por ustedes a los defensores de la sanidad privada?
Pero sobre todo tengan en cuenta que, como dice la canción, detrás está la gente. Detrás de las planificaciones y de las negligencias está la gente con sus pequeños y grandes problemas, con su falta de salud y de empleo fijo. Detrás está la gente enferma y desempleada, los ciudadanos que esperan que la salud no se compre ni se venda. Detrás está la gente de la que ustedes son representantes. Detrás está la gente que considera que la salud es un derecho constitucional, y el sector público debe cubrirla antes de -y para evitar- la llegada de los especuladores.
