El PSOE denuncia a Miguel Ángel Rodríguez por filtrar datos de dos periodistas de EL PAÍS que investigaban el caso de la pareja de Ayuso

El PSOE ha presentado este martes una denuncia en la que acusa a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, de un delito de revelación de secretos por presuntamente obtener de la policía datos de dos reporteros de EL PAÍS y filtrarlos a distintos medios de comunicación como represalia porque estuvieran investigando en los aledaños del domicilio de la presidenta de Madrid el caso que afecta a su pareja, Alberto González Amador, acusado de la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil.

Así consta en una denuncia adelantada por eldiario.es y leída por este diario, que se conoce un día antes de que este miércoles el jefe de gabinete de la baronesa conservadora declare como testigo en la causa abierta por el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presuntamente filtrar un email del caso que afecta al empresario. Ese documento se conoció, precisamente, después de que Rodríguez filtrara a los medios otro correo para trasladar la idea de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador. Sin embargo, había ocurrido lo contrario. Diversos juristas han cuestionado que el PSOE esté legitimado para presentar la denuncia contra Rodríguez, pues el artículo 201 del Código Penal restringe al agraviado por la revelación de secretos, o su representante legal, esta posibilidad. De ser así, será inadmitida.

El 19 de marzo de 2024, el alto cargo de la Comunidad de Madrid envió a los medios de comunicación una información falsa con la intención de intimidar a periodistas de EL PAÍS al difundir sus nombres y su imagen, tras una identificación rutinaria de la policía encargada de la seguridad de la presidenta. El mensaje distribuido por MAR, el acrónimo con el que se conoce al jefe de gabinete de Ayuso, insinuó falsamente una conducta delictiva de estos informadores, con la finalidad de intimidar a la prensa en un momento en que la presidenta regional se encontraba cuestionada por el presunto fraude fiscal que había confesado su pareja a través de su abogado.

Los dos reporteros fueron identificados por un policía cuando trataban de verificar los indicios sobre una supuesta obra ilegal en el piso donde viven González Amador y la dirigente madrileña. Meses después, este diciembre, el Ayuntamiento de Madrid cerró el expediente abierto por esos trabajos en la vivienda con una multa por “unos aires acondicionados” colocados sin permiso.

En su mensaje, Rodríguez facilitó el nombre y apellidos de los dos periodistas de EL PAÍS y una foto cenital de ambos mientras hacían su trabajo. Aseguró que ambos habían estado “acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”.

“Todo se ha denunciado a la Policía Nacional, pero el delegado del Gobierno amparará estas actuaciones”, continuaba el principal asesor de Ayuso. “El delegado del Gobierno no quiere poner vigilancia permanente 24 horas en la casa de la presidenta, lo que supone una anomalía. Además, empleados de eldiario encapuchados intentaron acceder a la casa de la presidenta. Nunca se ha visto este amedrentamiento en democracia”. Esta acusación fue desmentida por este medio.

Varios medios online publicaron esa información con la foto, los datos y sin verificación alguna. Rodríguez admitió posteriormente a este diario que había sido él quien había distribuido la información. “Es una conversación personal. No es una cuenta de la Comunidad”, dijo. Días después, en una entrevista con El Mundo, Rodríguez añadió: “Ojo: la identidad la desvelé a 18 personas. Nada más”.

El Gobierno regional no censuró la acción de Rodríguez. Y el PP de Madrid, que también preside Ayuso, llegó a sumarse a ella. “Periodistas acosando a vecinos, niños incluidos”, escribió su secretario general, Alfonso Serrano, en su cuenta de X (antiguo Twitter). “Periodistas tapados tratando de colarse en casas ajenas. Está pasando. Contra Ayuso todo vale”. En contraste, Reporteros Sin Fronteras, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la Asociación de la Prensa de Madrid, y la Asociación de Periodistas de Investigación emitieron diferentes comunicados en apoyo a los periodistas de este diario.

“Estamos ante una revelación de secretos y datos personales, incluida la imagen, por parte de funcionarios y autoridades que afectan directamente al derecho fundamental de la libertad de información ejercitada por los periodistas de EL PAÍS cuyos datos se revelaron como represalia por ejercer su profesión, señalándolos y acusándolos públicamente de hechos inciertos, por lo que entendemos que estos hechos deben ser investigados para descartar o confirmar cualquier conducta delictiva, que pudiera ser merecedora de una sanción penal para sus posibles autores, y sin perjuicio de que a lo largo de la instrucción se modifique la calificación jurídica o la misma se amplíe a otros hechos en los que pudieran concurrir más delitos en relación con la actuación denunciada, y se puedan determinar todos los autores de los hechos”, se lee en la denuncia del PSOE.

Este partido pide por ello que se llame a declarar a Rodríguez como investigado, que se investigue su dispositivo móvil “para evitar la posible destrucción de pruebas”, que la Dirección General de la Policía Nacional “identifique a los profesionales del cuerpo de Policía Nacional que prestaron servicio como escoltas”, y que se cite como testigo al director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid.

En paralelo, este miércoles, el magistrado Ángel Luis Hurtado, que instruye en el Tribunal Supremo la causa impulsada contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos, ha citado a declarar como testigo a Rodríguez, que comparecerá ante el juez a partir de las 10.00.

Todo gira alrededor de la polémica sobre los correos del caso del novio de Ayuso, que arrancó en marzo. Entonces, el jefe de gabinete de la presidenta filtró a varios medios de comunicación un email de la causa con la intención de que pareciera que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador. Al poco, se conoció un segundo correo, cuya filtración está judicializada, que demostraba que había ocurrido justo lo contrario: el abogado del empresario era quien había ofrecido un pacto y reconocido la comisión de dos delitos de fraude fiscal. Que esa comunicación se haya conocido ha llevado al encausamiento por supuesta revelación de secretos del fiscal general García Ortiz. Y eso, a su vez, a que MAR declare ante el Supremo: así lo solicitó la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz.