La duquesa del Infantado recupera el castillo de Manzanares El Real y se cierra al público

El Castillo Nuevo de los Mendoza, al pie de la sierra de Guadarrama en Manzanares El Real (9.0000 habitantes), ha sido devuelto este 5 enero a sus propietarios, la Casa Ducal del Infantado, tras vencer el contrato de alquiler que desde hace 60 años mantenían con la Comunidad de Madrid para su conservación y explotación turística. Por el momento, el monumento, que recibió 407.000 visitantes entre 2019 y 2023 con un precio de la entrada de cinco euros la visita normal y de ocho la teatralizada, no podrá volver a abrir sus puertas al público al carecer de licencia. Su historia, su arquitectura y su excepcional estado de conservación lo convierten en “la joya de las fortificaciones madrileñas”, como lo describía la propia Comunidad en la página informativa del castillo, ahora borrada.

La gestión cultural y turística del monumento símbolo de la región, que albergó la firma del Estatuto de Autonomía en 1983, vuelve así a manos de la XX duquesa del Infantado, una conocida escritora de novela histórica de 57 años, como ya sucedió con mucha más polémica el pasado septiembre con el parque infantil situado al lado del castillo, después concluir la cesión que su abuelo Íñigo de Arteaga y Falguera, capitán general de la II Región Militar, hizo en 1975 al Ayuntamiento de Manzanares, y tras no alcanzar un acuerdo con el Consistorio para el alquiler o compra de la finca rústica, de casi 3.000 metros cuadrados. La duquesa, licenciada en Derecho y autora de La princesa de Éboli, es también propietaria del castillo de La Monclova en Sevilla y la Casa de Lazcano en Guipúzcoa, además de miles de kilómetros cuadrados en Manzanares.

El castillo se comenzó a construir en 1475 a instancias del primer duque del Infantado y segundo marqués de Santillana, Diego Hurtado de Mendoza y Figeroa. Terminado en 1490 por su hijo, Don Íñigo, que incorporó al proyecto al arquitecto de los Reyes Católicos Juan Guas, es uno de los máximos ejemplos del gótico tardío y de la arquitectura militar castellana. En tiempos de paz, pasó de fortaleza defensiva a palacio ducal de esta familia noble, una de las más importantes de la Baja Edad Media, con amplios salones, fachadas decoradas y grandes miradores que son más característicos de un palacio renacentista. Destaca su decoración con bolas isabelinas, la torre del homenaje octogonal, su muro o barbacana, la galería de Guas y, en su interior, 10 tapices flamencos del siglo XVII.

En 1965, la entonces Diputación Provincial de Madrid firmó un acuerdo de arrendamiento con la familia por 50 años, prorrogable a otros 10, que luego heredó el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Junto con el Ayuntamiento de Manzanares, la diputación hizo un gran esfuerzo de recuperación, pues se encontraba en ruinas, y se convirtió en uno de los castillos mejor conservados de España. Abrió sus puertas al público en 1977.

En mayo del año pasado, la Casa Ducal del Infantado trasladó a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Manzanares su intención de recuperar el castillo al vencer el contrato, el 5 de enero de 2025. En octubre, en un intento de frenar su vuelta a manos de la nobleza, Más Madrid quiso ampliar la protección del castillo, pero lo impidieron los votos en contra de PP y Vox, junto con la abstención de los socialistas. Así, la dueña, la duquesa Almudena de Arteaga y de Alcazar ha recuperado finalmente la propiedad del inmueble. Su deseo era mantenerlo abierto al público por su reclamo turístico y por el impacto económico que tiene en la localidad madrileña e incluso, pretendía mejorar la oferta cultural y turística a través de una sociedad mercantil, que se encargaría de la explotación del monumento.

Sin embargo, al vencer el contrato de gestión y uso público que mantenía la Comunidad de Madrid, el castillo cierra sus puertas por la imposibilidad de conceder a los propietarios los permisos para su apertura a los visitantes, según han trasladado fuentes cercanas a las negociaciones entre la familia Arteaga, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Manzanares, dirigido por la socialista Alicia Gallego.

El Gobierno regional afirma que ha invertido más de un millón de euros al año en las obras de reconstrucción, conservación, mantenimiento y apertura pública de la fortaleza-palacio, declarada Bien de Interés Cultural (BIC). En las negociaciones previas a la devolución del castillo a sus dueños, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Manzanares trasladaron a la familia que la calificación como rústico del terreno en el que se ubica el monumento impide la concesión de permisos para su apertura al público, algo que los propietarios consideran que se podría haber valorado durante las seis décadas de gestión pública.

Según el abogado de la familia, Miguel Temboury, esta cuestión podría revertirse si existe voluntad política, por lo que ha reclamado a la Comunidad y al Ayuntamiento que encuentren “una solución urgente a este problema y permitan que el castillo siga siendo un espacio de encuentro y disfrute para todos”. “Existen vías legales que permiten una rápida reapertura del castillo. Es cuestión de voluntad de las administraciones implicadas (Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Manzanares el Real) el que puedan hacerse efectivas”, subraya el abogado.

Fuentes de la Comunidad de Madrid han indicado que, a partir de la finalización del contrato de arrendamiento, el castillo depende de la propiedad, y las licencias “pertenecen al ámbito municipal”, si bien han precisado que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte “sigue trabajando para dar continuidad al servicio público que se ha venido ofreciendo”.

En el Ayuntamiento de Manzanares han manifestado que son conocedores “desde hace ya varios meses” del vencimiento de la cesión y del deseo de la propiedad de mantener su apertura al público desarrollando una actividad similar a la que se venía ejerciendo, por lo que entendieron, al igual que la familia, que “la fórmula” para llevarlo a cabo era realizando un cambio de titularidad de la licencia.

Si embargo, constataron que la Comunidad de Madrid “venía realizando la actividad sin licencia”, lo que “dificulta enormemente” la situación actual, ya que la actividad se inició hace más de 50 años, anterior a las normas urbanísticas del municipio de 1977. “Por las características urbanísticas del terreno en el que se encuentra el castillo, no se puede dar una licencia directa. Tampoco es factible concederla a través de una calificación urbanística, dado que nuestras normas subsidiarias no contemplan dichos usos”, ha recalcado el Ayuntamiento.

Ambas administraciones llegaron a la conclusión en la última reunión que mantuvieron el 16 de diciembre que “la única vía factible era la de tramitar una modificación de las normas subsidiarias”, y compartieron la necesidad de que este bien patrimonial recupere su actividad “cuanto antes”, agilizando entre todos esta tramitación, para lo que se reunirán con la propiedad después de las fiestas navideñas.