Agricultura ultima el proyecto que extingurá la Confederación Nacional de Cámaras Agrarias

El Ministerio de Agricultura tiene casi cerrado un paquete de disposiciones para clarificar algunos de los puntos que se consideraban oscuros en la ley de Cámaras Agrarias. De paso, el Gobierno pondría fin, en el plazo de algunos meses, a un largo período de indefinición que ha dominado el funcionamiento de estas entidades.Las primeras elecciones a cámaras tuvieron lugar en mayo de 1978, con la entrada de más de 60.000 vocales para un mandato de cuatro años. Finalizado ese período, en el que el Gobierno de UCD atravesó graves problemas, no se procedió a la renovación de estas estructuras. Los centristas no se decidieron a sacar una nueva ley ante la inminencia de unas elecciones generales.

Tras el triunfo socialista, el Ministerio de Agricultura y el propio PSOE prometieron en diferentes ocasiones un calendario para la aprobación de una nueva ley que no se cumplió. Finalmente, en diciembre de 1986 era aprobada, prácticamente por urgencia, la nueva ley de Cámaras Agrarias en medio de una fuerte polémica y la oposición de todas las organizaciones agrarias.

Ofensiva de la oposición

Con la ley publicada en el Boletín Oficial del Estado, especialmente desde las estructuras de las cámaras agrarias, con el apoyo de partidos políticos de la oposición, se produjo una ofensiva contra esta disposición, que culminó con la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional en 1987 y cuyo fallo se espera a corto plazo.La ley del 30 de diciembre de 1986 contiene algunos puntos polémicos para el sector y otros a los que se veía un desarrollo difícil. Entre otras cosas, trata de eliminar todo tipo de actividades económicas en las cámaras agrarias; el paso de sus patrimonios a entidades asociativas; la transferencia de algunas funciones a los entes locales y la potestad del Gobierno para eliminar las cámaras cuyo funcionamiento no estuviera justificado. La complejidad de este desarrollo y, probablemente, el temor a una fuerte respuesta en el campo han sido las causas que habrían retrasado el desarrollo de la ley.

A grandes rasgos, según estos proyectos de disposiciones, el Gobierno mantiene sus posiciones iniciales en los aspectos fundamentales, aunque también se pone de manifiesto una posibilidad negociadora en algunos puntos. Agricultura, según el proyecto de real decreto, se reafirma en la no realización de actividades económicas por parte de las cámaras agrarias. Estas actuaciones deberán pasar a entidades asociativas y cooperativas que funcionen o constituyan los agricultores. Igualmente se ratifica en la transferencia de funciones de guardería y de caminos rurales a los entes locales, por estimar que nunca hubieron de salir de esa competencia. Para llevar a cabo este proceso se contempla el funcionamiento de comisiones técnicas compuestas por funcionarios para tareas de asesoramiento y propuesta. En consecuencia, se insiste en la idea de una cámara agraria solamente para trabajos de colaboración y consulta con la Administración.

El Gobierno tiene una decisión clara de suprimir la Confederación Nacional de Cámaras Agrarias (Conca), por estimar que no ha cumplido con sus funciones ni tiene ya ninguna utilidad. En su lugar, no se descarta la posibilidad de constituir un Consejo General Agrario. Por el contrario, se pone de manifiesto una voluntad abierta para no eliminar las cámaras agrarias locales de forma total y drástica, pero sí progresivamente, con posibilidades de negociar una comercalización de las mismas para que no sea tan brusco el cambio, al margen de las competencias exclusivas que tienen en esta materia las comunidades autónomas del País Vasco, Galicia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Navarra.