La Admistracion estudia restringir las recetas de la Seguridad Social ante el descontrol del gasto

Las fuertes desviaciones observadas en los gastos de farmacia que corren a cargo de la Seguridad Social han suscitado el estudio de medidas urgentes para restringir de nuevo el uso de recetas. Un 64% de los 96.484 millones de pesetas presupuestados para este año ya habían sido consumidos en mayo pasado. Así, las dotaciones previstas amenazan con agotarse antes de que medie el otoño. El Ministerio de Trabajo ha hecho llegar los datos al de Sanidad, con el fin de que arbitre soluciones. Entre las alternativas que se plantean destaca la de evitar que el consumo por cuenta de recetas médicas ordinarias -por las que el beneficiario debe pagar un 40% del precio de venta al público- se desvíe hacia las cartillas de los pensionistas, con derecho a la gratuidad.

El descontrol de los gastos de farmacia ha sido una de las procupaciones más recurrentes de la Administración. Pero la última, oleda de medidas para frenar su crecimiento mediante las instrucciones dadas por Sanidad a los médicos,, así como las inspecciones destinadas a que se cumplan tales limitaciones a la hora de extender recetas han parecido insuficientes, a la luz de los últimos datos sobre la evolución del gasto.

Papel mojado

A finales de mayo pasado, últimos datos que han trascendido, la Seguridad Social había realizado transferencias para pagar recetas farmacéuticas por valor de 61.695 millones de pesetas. Esta cifra representaba ya un 64% de los 96.484 millones de pesetas de presupuesto aprobado por las Cortes. Es decir: para los siete meses que faltaban por entonces quedaba sólo un 36% del presupuesto.El número de recetas ha mantenido en los primeros meses del año la tónica de ligeros descensos. Pero el incremento del valor de cada una ha subido casi un 20%. respecto a los primeros meses de 1987. Y esta tasa duplica con creces la mantenida en los cuatro últimos años, si bien las primeras alarmas sobre el desbordamiento de los gastos empezaron a observarse en la primavera de 1987, al arrojar incrementos próximos al 13%. y que no han dejado de acelerarse desde entonces. De las 468 pesetas que costaba por término medio una receta a finales de 1984 se ha pasado a las 724 pesetas en febrero último. El gasto por unidad para la Seguridad Social ha crecido a un ritmo aún mayor, rozando el 23% anual en los primeros meses del año. Los objetivos anuales de moderación, tendentes a reducir en un 6,6% el presupuesto de 1987, han quedado así en papel mojado. Se pretendía ajustar el coste público por receta a un promedio de 478 pesetas y en los primeros meses ha superado las 627 pesetas.

Las desviaciones, según fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, han sido comunicadas a Sanidad, para que adopte medidas correctoras. El gasto está disparado tanto en su vertiente de gestión directa como el transferido a las comunidades autónomas.

Descartada nuevamente y por ahora una subida en en el 40% que pagan los titulares de cartillas que están activos, se piensa en controlar y restringir el uso de las cartillas de los pensionistas que disfrutan de gratuidad. El objetivo propuesto trata de garantizar que los trabajadores en activo y sus familias no adquieran medicamentos utilizando cartillas de pensionistas.

Las prácticas que se intenta corregir parecen cada vez más frecuentes, según los datos disponibles. El porcentaje medio de aportación del trabajador a los gastos de farmacia ha pasado desde una disminución del 3% en 1984 hasta casi el 4% en 1985, el 6,5% en 1986 y cerca del 7% en 1987, para dispararse en los primeros meses del presente año hasta un 15% en enero y un 11,5% en febrero. Así, mientras que a finales de 1983 los gastos totales por recetas se repartían al 50% entre activos y pensionistas, a mediados de 1987 los pensionistas llegaron a rebasar el 57%, aunque últimamente se han movidoe en en torno al 55%.