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Intervenidos 56 millones de pesetas en sellos relacionados con una presunta estafa

El grupo de estafas de la Brigada de la Policía Judicial de Barcelona intervino ayer valores filatélicos tasados en más de 56 millones de pesetas, pertenecientes a la Caja Filatélica de España, SA, (Cafisa), cuyo director general, Alejandro Fábregas Elizondo, se encuentra procesado y pendiente de juicio por un presunto delito de estafa continuada.

La policía intervino los sellos a petición del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid. Los valores filatélicos se encontraban guardados en una caja de una entidad bancaria y en el domicilio particular de Fábregas, quien actualmente está en libertad provisional bajo fianza.Un técnico de la Asociación Nacional de Empresarios de Filatelia y Numismática ha tasado el valor de los sellos en 56.800.000 pesetas. El juzgado ha nombrado depositario del material a la Asociación de Inversores Filatélicos (Asinfil), sociedad que agrupa a 1.550 inversores de toda España aFectados por la presunta estafa y que se asociaron en 1985 para realizar acciones legales contra los directivos de Cafisa y para poder gestionar directamente la empresa. Los miembros de Asinfil reclaman 1.300 millones de pesetas en concepto del capital invertido en la compra de sellos.

El auto de procesamiento de Fábregas, que incluye también a su compañera Rosa María Vinyals Martínez, afirma que la empresa se fue descapitalizando debido a la falta de previsión de sus responsables. Asimismo, asegura que para poder matener sus "elevadísimos sueldos" y pagar las indemnizaciones a sus empleados se cometieron irregularidades como la creación de nuevas sociedades, una de las cuales se fundó en Estados Unidos, con un capital de 120 millones de pesetas, y otra en Francia, con 60 millones.

La presunta estafa se reveló cuando Cafisa no pudo hacer frente a los compromisos contraídos con los inversores que, según el auto de procesamiento, eran en 1982 un millar y que habían entregado a la sociedad más de 1.000 millones de pesetas.

El abogado de Fábregas, Joan Piqué, considera que la crisis de Cafisa fue provocada por la coyuntura económica y la caída del mercado de valores filatélicos y de ninguna manera atribuible a una supuesta conducta delictiva.

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