La reforma del Inem
GOBIERNO, SINDICATOS y patronal están empeñados en dotar al Instituto Nacional de Empleo (Inem) de una nueva estructura más eficaz y adaptada a la existencia, que ya se prevé crónica, de más o menos tres millones de trabajadores en paro en nuestro país. Son las primeras escaramuzas de una concertación social sobre asuntos puntuales que las partes implicadas proclaman desear, pero que cada una de ellas entiende, si no contradictoriamente, sí de muy distinta manera. Y ya ha surgido el primer escollo con el tema de la cobertura al desempleo, que los sindicatos consideran que debe extenderse del 26% actual al 48%, y cuyo coste, de medio billón de pesetas, el Gobierno juzga de todo punto inatendible. De la solución que se dé a esta cuestión dependerá el tono y aun la continuación en septiembre de las mesas negociadoras en marcha, ya que los sindicatos la consideran una prueba para calibrar la sinceridad del giro social que proclama el Gobierno.Pero en espera de que la concertación social avance, la reforma del Instituto Nacional de Empleo y de su red de oficinas en todo el territorio del Estado se hace más que urgente. Sobre todo, si, como ocurre, el Inem es el único instrumento administrativo con que cuenta el Gobierno para agilizar el mercado de trabajo. Hasta ahora no puede decirse que haya contribuido eficazmente a ello. Su función se limita al mero registro de desempleados y contratos, pues más de un 80% de las ofertas de empleo son nominales (llegan allí cerradas entre el empresario y el trabajador concretos).
La lucha contra el paro depende, sobre todo, de medidas acertadas de política económica, y en este terreno, el papel de un organismo administrativo como el Inem será siempre muy secundario. Pero su tarea institucional para extender en lo posible y hacer efectiva la protección social al desempleado es insustituible. Cuando en España se habla de reducir el coste del despido al nivel del de los países europeos, se olvida que en estos países la protección social al trabajador en paro está mucho más extendida que en el nuestro. Está, pues, justificado que en el diálogo social entre Gobierno, patronal y sindicatos uno de los temas más importantes a debatir sea la extensión de la cobertura del desempleo. En este terreno, los esfuerzos del Gobierno parecen centrarse en seleccionar a los colectivos más necesitados y en más recursos a los parados de larga duración -más de un año en esa situación- con una edad superior a los 45 años.
Los sindicatos pretenden con la reforma de las oficinas del Inem que éstas se conviertan en auténticas agencias públicas de contratación, que controlen las demandas de empleo, y reclaman una cierta descentralización con mesas locales de empleo en las que tengan un importante papel los ayuntamientos. Se oponen a cualquier tentación de privatizar los servicios de empleo y no dejan de advertir un cierto tufillo privatizador en la propuesta gubernamental de descargar al Inem de la tarea burocrática de registrar a los parados. También demandan mayor participación sindical en el control y en la gestión del Inem, de la política de empleo e incluso en la gestión del subsidio de desempleo. Medidas todas ellas razonables y que, si bien no auguran por sí mismas una mayor eficacia, merecen la oportunidad de ponerlas en práctica ante la inoperancia de la gestión gubernamental del Inem.
