El que parte y bien reparte

La batalla que mantienen la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Aranjuez por la propiedad de los bienes que el Patrimonio Nacional tiene en esta localidad es larga y antigua. Es una lucha que dura ya varios años, con un presente que no tiene solución y que sólo en su justo reparto tiene algún futuro. La propia sede del gobierno municipal, la plaza de toros y el cementerio son algunas de las propiedades polémicas. La parte del botín que quieren los ribereños quedó fijada en una propuesta firmada por el alcalde el 24 de noviembre de 1987, aprobada por el pleno municipal cuando en aquellos momentos se llevaban cinco años de negociación con distintos organismos de la Administración central y del Estado.Aranjuez reivindica para sí una extensa relación de propiedades urbanas tan elementales como el Ayuntamiento, que era la antigua casa de la servidumbre real; la plaza de toros, construida en la época de Carlos III y restaurada por Fernando VII; el cementerio de Santa Isabel; la cárcel, situada en el centro de la localidad; el hospital de San Carlos, de 1766; las escuelas, la casa de la calle del Rey, la casa Frutería, la casa Matadero, los restaurantes La Alegría de la Huerta y La Rana Verde, el hotel Delicias y 13 vías públicas, muchas de ellas dentro del casco de urbano.

En cuanto a los terrenos rústicos, la propuesta era y es el verdadero punto de la discordia, por cuanto ambas partes pretenden las fincas de Legamarejo, Rebollo Viejo y Rebollo Nuevo, que además de tierras de buen cultivo poseen, en el caso del Rebollo, las instalaciones del camping local y de la hípica, dependencias que por sí solas atraen la atención de los contendientes.

Aranjuez quiere otras fincas que no son motivo de polémica, como la de Sotomayor, con 1.378 hectáreas, de las cuales la mayor parte son de regadío; en la actualidad pertenece al Ayuntamiento de Aranjuez, que explota esta propiedad con las mayores críticas de la oposición, que lanza cada año cifras alarmantes del número de pérdidas en la producción. En la anterior legislatura ya costó el cargo a uno de los concejales socialistas.

El Ayuntamiento de Aranjuez solicita que la Comunidad autónoma se quede con el teatro Maestro Guerrero, construido por Carlos III, único de los edificios urbanos que la corporación no puede mantener. En cuanto a los bienes rústicos, se ceden los jardinillos de la calle de la Reina y 33 calles. Mientras que la plaza de la Mariblanca o San Antonio, enclavada entre las dos carreteras de Andalucía, a la entrada de la localidad, ninguno de estos organismos ha dispuesto quién será su propietario. Aunque tanto la Comunidad como el Ayuntamiento pretenden convertir esta plaza en zona peatonal, no existe un proyecto definitivo para su reestructuración, ya que estaba pendiente de la entrada en funcionamiento de la variante que traería consigo el cierre del tráfico rodado por el centro de la localidad. Sin embargo, tanto las carreteras como la variante se mantienen abiertas.

Enfrentamientos

La afectación de los bienes mantiene enfrentados a los socialistas del Ayuntamiento y de la Comunidad. El equipo de gobierno municipal no puede moralmente dar a la Comunidad más propiedades que las descritas. Los ribereños entienden que lo que está en el pueblo es del pueblo. Y los socialistas lo saben.

En Madrid no admiten la propuesta de Aranjuez. Joaquín Leguina pide tranquilidad mientras insiste en que sea directamente la Comunidad autónoma la que negocie con el Patrimonio del Estado la forma en que ha de realizarse la cesión y el reparto de los bienes en litigio.

Esta sugerencia no es aceptada por ninguno de los grupos políticos municipales, quienes además se sienten molestos, por cuanto se esperaba la entrega de esos bienes en un plazo cercano; y de iniciarse nuevas conversaciones nadie ignora que pueden transcurrir otros cinco años para, quizá, llegar al mismo reparto.

Los concejales de la oposición se sienten respaldados por sus grupos políticos en la Asamblea de Madrid, por cuanto confían en su mayoría para el momento en que hubiera de votarse la propuesta de la corporación de Aranjuez, voto con el que ya cuentan. Sin embargo, se sienten molestos porque se quiera volver a negociar algo que ya estaba acordado por el pleno municipal. Entienden que son los ribereños quienes han de decidir lo que será o no será patrimonio de esta población.

El retraso en la entrega de los bienes imposibilita el desarrollo económico de la población. Joaquín Leguina ya declaró que la Comunidad dispondría de 6.000 millones de pesetas para el desarrollo de Aranjuez. Sin embargo, no existe ningún proyecto sobre el futuro de esta localidad mientras no sean repartidas las propiedades del Patrimonio Nacional. Todos tienen ideas, argumentos planes y esquemas, pero nada ha sido proyectado.

Lo que sí se ha asegurado en los últimos días por el consejero de Economía de la Comunidad autónoma de Madrid, Eugenio Royo, es que su departamento correrá con los gastos de realización de un proyecto de futuro para Aranjuez.

Programa 2000

Por parte de los socialistas locales y de los concejales de Alianza Popular, Centro, Democrático y Social e Izquierda Unida se ha llegado a un preacuerdo para presentar cada uno de los grupos políticos por separado su plan de futuro de la localidad, entre los meses de septiembre y octubre, para diseñar en el otoño el Aranjuez del año 2000, aunque seguirá en el aire cualquier proyecto si los bienes del Patrimonio Nacional no se reparten lo antes posible.