El juez toma declaración a vecinos de Lezo por la expulsión de supuestos 'camellos'

El Juzgado de Instrucción número 3 de San Sebastian está tomando declaración a vecinos del barrio de Altamira de Lezo (Guipúzcoa) en el marco de las diligencias abiertas por las denuncias de tráfico de drogas, daños y amenazas presentadas después de que buena parte del vecindario expulsara de sus casas a dos mujeres, Josefa Chaves y Mariví Arroyo, acusándoles de traficantes.

Para facilitar la investigación, las distintas diligencias instruidas a raíz de las denuncias interpuestas por una y otra parte van a ser unificadas y puestas en manos de un único juzgado, según han manifestado fuentes judiciales de San Sebastián.Las mismas fuentes han confirmado el dato, apuntado en medios de la Ertzantza, de que la actitud de los vecinos al airear sus sospechas ha frustrado algunas de las investigaciones policiales que se veían desarrollando contra personas residentes en el barrio de Altamira.

Al igual que la Brigada de Estupefacientes, esas fuentes judiciales niegan toda credibilidad a la información facilitada por algunos vecinos de Altamira de que la policía encontró, tiempo atrás, dos kilos de cocaína ocultos en el extractor de humos de la casa de Josefa Chaves.

En estos medios se indica que el tráfico de drogas acapara en la actualidad la mayor parte de la actividad judicial en Guipúzcoa, y que los resultados son bastante positivos. Se afirma que en esta provincia la distribución de droga está en manos de pequeños traficantes, gitanos en muchos casos, y habitualmente no drogadictas. Más de la mitad de la heroína que se consume en la provincia procede de Bilbao y llega en condiciones de extrema adulteración. Existen otros grupos que esporádicamente viajan a los países productores o a Holanda.

Franceses

En los últimos años se ha registrado un sensible aumento de los ciudadanos franceses que cruzan la frontera para abastecerse de heroína. Uno de estos drogadictos falleció recientemente en San Sebastián por sobredosis.Los Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan en Guipúzcoa con muy pocos efectivos para la lucha contra el tráfico -sólo nueve funcionarios en la Brigada de Estupefacientes- y los jueces consideran que es mucho más eficaz que se dediquen a la captura de los traficantes de cierta envergadura que a la represión de los consumidores, muchos de los cuales venden, previo adulteramiento, la mitad de sus dosis para recuperar el dinero que les ha costado.