Siete civiles afrontan penas de hasta 15 años por unirse a la rebelión de Rico en Argentina

El fiscal argentino Luis Moreno ha pedido que se condene a penas de prisión que van de 4 a 15 años a los siete civiles acusados de haber tomado el Aeroparque, el segundo aeropuerto de Buenos Aires, el pasado 18 de enero, para sumarse, según la acusación, a la rebelión del teniente coronel Aldo Rico, que aquel mismo día se rindió en Monte Caseros. Al mismo tiempo se hicieron públicas las sentencias de un consejo de guerra contra nueve oficiales y suboficiales por insubordinación durante el motín de Rico.

El consejo de guerra consideró que los nueve militares, que se habían negado a alistarse para someter a los amotinados, no cometieron ningún delito y sólo se produjo una falta grave de indisciplina. Las penas del tribunal militar fueron de arresto de 30, 60 y 90 días a los oficiales y suboficiales desobedientes.No pudo presentarse de forma más palpable la existencia en Argentina de una especie de doble moral a la hora de juzgar conductas en la justicia civil o la militar. El fiscal civil solicitó que la conducta del grupo de paisanos presuntamente implicados en la intentona golpista del pasado enero en Buenos Aires sea condenada como delito de rebelión, y pidió 15 años de cárcel para el presunto cabecilla y penas menores para los restantes asaltantes del aeropuerto capitalino. El consejo de guerra que juzgó a los militares del Regimiento 35 de Infantería Motorizada, con sede en Rospentek, consideró que la insubordinación de los nueve oficiales y suboficiales acusados sólo merece un arresto por indisciplina.

El delito de los siete civiles que, vestidos con trajes de combate, tomaron el aeropuerto es, sin duda, mayor que el de los nueve militares que se negaron a sumarse a la tropa encargada de reprimir el motín de Rico, pero escandaliza en Argentina que la sentencia del consejo de guerra haya sido tan leve. El diario de izquierda Página 12 apareció ayer con grandes titulares en primera que decían: 'En cómodas cuotas mensuales, al referirse a la insignificante condena.

Otro hecho llamativo son las diferencias del procedimiento. El proceso civil es abierto, con vista oral y exposición de testigos y pruebas. El consejo de guerra se realizó en secreto, y la opinión pública sólo ha tenido conocimiento de la sentencia.

Según informa el diario La Nación, los defensores argumentaron que los militares acusados "no obedecieron las órdenes de alistamiento para someter al ex teniente coronel Aldo Rico, amotinado en Monte Caseros, por entender que la ley de Defensa no contempla la participación de las fuerzas armadas en los problemas internos del país, y que la actitud de los amotinados tenía evidentes connotaciones políticas". Una argumentación que resulta escandalosa si se recuerda el gran número de militares beneficiados con la ley de obediencia debida, precisamente con el argumento de que cumplían órdenes.