Barrionuevo se niega a informar al juez de los GAL sobre gastos reservados, "en nombre del Gobierno"

El Gobierno se niega a declarar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga la conexión de policías e instituciones españolas con los GAL, sobre los fondos reservados del Ministerio del Interior -presumiblemente utilizados para atentados de esta banda terrorista-, según respondió ayer el ministro del Interior al mencionado magistrado. José Barrionuevo, en nombre del Gobierno, ha ordenado a los funcionarios de su departamento que no informen al juez sobre dichos gastos, "dada la naturaleza legal de los mismos". Garzón reitera al ministro en una nueva providencia que, de no contestar, Barrionuevo incurriría en "una clara falta de cooperación con la Justicia".El ministro del Interior, José Barrionuevo, lanzó ayer un desafío al juez Baltasar Garzón, que investiga las relaciones de varios funcionarios de policía e instituciones con los GAL, al negarse a explicar la distribución y los destinos de los mencionados fondos reservados. Barrionuevo informó por escrito al juez que ha ordenado a sus subordinados, que están citados a declarar como testigos en el juzgado sobre el caso, que en nombre del Gobierno no realicen declaración alguna sobre los citados gastos.

El magistrado de la Audiencia Nacional ha pedido al ministro que explique las razones por las que no suministra los datos requeridos. Garzón le advierte que en caso de una nueva respuesta negativa, incurriría en "una clara falta de cooperación para la Administración de Justicia, a los efectos del artículo 371 del Código Penal".

A raíz de las contestaciones del director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, sobre la existencia de grandes cantidades de dinero en el Ministerio del Interior para gastos reservados, el juez Garzón se dirigió al ministro y a Rodríguez Colorado para que aportaran la acreditación documental de los fondos, su distribución y destinos por años a las distintas regiones policiales, con especial detalle en lo que se refiere a la que corresponde al País Vasco.

Barrionuevo contesta en su escrito que, dada la naturaleza del gasto reservado, no existe acreditación documental del destino dado a las cantidades gastadas y además que no existe una distribución de los fondos. El ministro niega también que haya alguna persona encargada de la distribución de los fondos, porque tal reparto no existe.

Las otras preguntas formuladas a Barrionuevo hacían referencia a los mandamientos de pago que se hubieran hecho en las regiones policiales, a si entre septiembre y octubre de 1985 se dieron fondos por importe de 15 millones de pesetas a la región del País Vasco y a las cuentas bancarias que se utilizaban para entregar dichos fondos.

Director de la Policía

El titular de Interior contesta conjuntamente a todas estas preguntas de la siguiente forma: "Por lo expuesto, no es legal ni materialmente posible la identificación interesada", y añade: "Al mismo tiempo, pongo en conocimiento de vuestra ilustrísima que en nombre del Gobierno he indicado al director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado,-hoy está citado a declarar en el juzgado- y a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía Julio Hierro Moset, Antonio Rosino Blanco, Miguel Planchuelo y Ricardo Ruiz Coll, todos ellos citados por vuestra ilustrísima, que no realicen declaración alguna sobre los gastos reservados, dada la naturaleza legal de los mismos".Respecto a Rodríguez Colorado, el juez le había preguntado si Amedo estaba obligado a presentar justificantes de su viaje a Portugal, aunque sólo fuera para uso interno, la cantidad que el subcomisario había dispuesto para el viaje y la que devolvió, si es que lo hizo.

En su respuesta, el director general de la Policía se remite al escrito enviado el 15 de junio y a "las instrucciones impartidas por el ministro del Interior en nombre del Gobierno sobre los gastos reservados".

El juez había preguntado también a Rodríguez Colorado sobre si las autoridades portuguesas fueron informadas de que un, funcionario de policía iba a aquella nación en misión oficial. El alto cargo contesta con un lacónico "no consta". El magistrado, ante la eventualidad de una respuesta negativa, formulaba nuevas aclaraciones sobre por qué no se hizo la comunicación a las autoridades lusas y de quién dependía hacerlo. La última respuesta de Colorado también es tajante: "No era preceptiva la realización de este trámite'.

Las respuestas de los altos cargos de Interior, especialmente la del ministro Barrionuevo, han causado sorpresa y estupor en el juzgado por lo que supone de desarlo a la investigación judicial y por considerar que no eran necesarias unas respuestas tan fuertes. En medios del juzgado se consideraba que se podía haber dicho lo mismo, pero de otra forma y no hubiera supuesto un enfrentamiento tan claro.

El magistrado Baltasar Garzón ha dictado una providencia en la que dice que se libre un nuevo oficio al ministro del Interior para que, con referencia al suyo del 27 de junio, manifiesten las razones que existan para que no se suministren los datos que se pidieron por el juzgado el 26 de junio pasado.

En la providencia se indica también que se reitere a Barrionuevo que las justificaciones que se le solicitaron y que ahora se le vuelven a pedir se refieren a los datos internos del ministerio, y por ser de gran valor para la investigación que se sigue en el juzgado.

En el caso de que el ministro mantuviera su posición, al magistrado no le quedaría otro remedio que instar su procesamiento a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, según fuentes jurídicas. Evidentemente, el Supremo en ese caso tendría que recabar el suplicatorio del Congreso para procesar a Barrionuevo, lo que obligaría a un proceso político por parte de la Cámara, para decidir sobre su posible concesión.

En medios jurídicos han comparado las respuestas de Barrionuevo con las ofrecidas a la juez Elisabeth Huerta con motivo de la incomparecencia de 90 guardias civiles en un caso de torturas en el País Vasco.

El abogado de la Asociación contra la Tortura, Fernando Salas, que ejerce la acción popular en el caso, ha calificado las respuestas de Barrionuevo como "una declaración de guerra". "No esperaba grandes aportaciones", añadió Salas, "pero causa estupor, y también en el juzgado, la forma en que el ministro del Interior ha contestado. Este departamento y su titular se colocan una vez más en una posición de denegación de auxilio a la justicia y de enfrentamiento y desafío a lo que significa la actuación de un juez".

Salas elogió al magistrado, del que dijo que está demostrando que actúa con independencia y con la voluntad de llegar hasta el fondo del caso.