El ministro y el director de la Policía invocan normas distintas para no testificar

El ministro del Interior, José Barrionuevo, dijo ayer en los pasillos del Senado que su decisión de no facilitar los datos sobre los fondos reservados al juez de la Audiencia Nacional que investiga los GAL se ampara en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque no precisó el artículo al magistrado "porque el juez lo conoce perfectamente" según recogía ayer Efe.Este periódico solicitó una explicación al gabinete de Prensa del mencionado departamento sin que sus responsables respondieran a este requerimiento. Sin embargo, el amparo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que utiliza el ministro para no responder al juez se contradice con las argumentaciones facilitadas recientemente al mencionado magistrado por el director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado.

El director de la Policía se acogía a una circular del Ministerio de Hacienda de 1966 y a una nota informativa sobre los gastos reservados de la Intervención General del Ministerio de Hacienda para acudir algunas respuestas al magistrado sobre bichos fondos.

La nota informativa sobre los gastos reservados, de fecha 14 de junio de 1988, dice en uno de sus párrafos que "la característica específica de estos gastos está en que, junto a un régimen de justificación especial, tienen una limitación con respecto a gastos de otra naturaleza cual es que los créditos que los ampara son vinculantes al nivel de desagregación con que figuren en los respectivos presupuestos".

La circular número 3/1966, fechada el 8 de febrero de 1966, a la que se acogía también Rodríguez Colorado explica que "en cuanto a su justificación bastará que por el titular del departamento se acredite que las correspondientes cantidades han sido destinadas a los fines para los que figuran consignados en el presupuesto de gastos".

En ambos casos se precisa que existe un régimen de justificación para los gastos reservados que debe constar en los departamentos que utilicen dichos fondos reservados, en este caso Interior.

Fuentes judiciales consultadas por este periódico opinaron ayer que, a la vista de la legislación que existe sobre los mencionados gastos, el titular del departamento, cuando menos, está obligado a informar sobre el destino o los fines para los que se ha utilizado ese dinero. Dichas fuentes añaden que tal vez el ministro no debe detallar "peseta a peseta" los mismos al estar sometidos a un régimen especial de justificación, pero sí explicar el destino global de cada partida.