Los gastos sociales de las administraciones públicas reducen su peso sobre la actividad económica

Las prestaciones sociales de las administraciones públicas -subsidios de paro, ayudas a minusválidos y pensiones de todo tipo- redujeron en 1987 su participación sobre el fruto de la actividad económica. En el año de mayor euforia de la economía desde principios de los setenta, los colectivos susceptibles de protección social se engrosaron en cerca de 400.000 personas. Pero las ayudas económicas prestadas a los más de siete millones de ciudadanos que los nutren bajaron desde el 14,8% del producto interior bruto (PIB) hasta el 14,6% de esa misma magnitud, que expresa la suma del valor añadido generado por toda la actividad económica.

Ni la acusada mejora de la economía ni el fuerte avance del gasto público sirvieron el año pasado, según las primeras estimaciones globales disponibles, para que las administraciones públicas redistribuyeran la renta en favor de quienes menos tienen a través de uno de los instrumentos más directo y efectivo: las prestaciones sociales. Con datos propios, del Instituto Nacional de Estadística y de Hacienda, el Banco de España ha estimado que tales prestaciones crecieron el 10,1%, ritmo casi dos puntos inferior al del avance nominal del PIB, por lo que su peso en éste cayó desde el 14,8% al 14,6%.En cifras absolutas, se incrementaron medio billón de pesetas (hasta 4,67 billones). Pero en términos relativos bajaron casi 70.000 millones de pesetas.

Marco anual

El nuevo descenso, además de confirmar el frenazo observado desde 1983 en el esfuerzo relativo de la economía para atender a sus pasivos y marginados, se ha registrado durante el año en que el PIB creció un 5,2% y el colectivo susceptible de protección se engrosó en 400.000 personas, cifra superior al 1 % de la población total. Además, la presión fiscal (impuestos y cotizaciones sociales sobre el conjunto del PIB) subió desde el 32,8% al 34,8%.El avance de los ingresos públicos sobre el PIB, junto a la caída de los tres mayores gastos en transferencias -prestaciones sociales, intereses y subvenciones-, elevó la renta disponible de las administraciones públicas en 2,7% puntos del PIB (la mayoría del 5,2% de crecimiento real de la actividad económica). De esos 2,7 puntos, 0,5 se aplicaron a comprar bienes y servicios y los 2,2 puntos restantes a reducir el déficit público en términos de necesidades de financiación.

Hasta que empezaron a caer en 1983, después de alcanzar un 15,2% del PIB, las prestaciones sociales fueron durante la crisis económica y la transición política el mayor factor de aumento del gasto público en España. El crecimiento vegetativo del número de pensionistas y el aumento del paro, así como otras secuelas de la crisis, contribuyeron a cubrir parte de la brecha observada en dichos gastos respecto a otras economías europeas. Según la Comunidad Europea, los gastos en protección social -concepto que suma a las citadas prestaciones algunas otras privadas- pasaron en España desde el 11,7% del PIB en 1985 hasta el 16,1 %en 1980 y el 17% en 1982, mientras que el conjunto de los países comunitarios partían de un promedio del 24,7% e incluso lo elevaron algo más de un punto.

En 1987 y en España, los parados registrados por las oficinas de empleo aumentaron en media anual un 6%, cifra equivalente, a 165.500. Pero los perceptores de prestaciones disminuyeron también en media anual el 3%, desde 1.415.389 a 1.372.240. Si se excluye la asistencia sanitaria, cuyo colectivo disminuyó un 11,3% (hasta 259.254 personas), la reducción quedó en un 0,8%.

Las pensiones pagadas por la Seguridad Social a quienes en su día contribuyeron a las mismas pasaron de una media de 5.462.600 a 5.628.800, con aumento del 3%, equivalente a 166.200 personas. También aumentó el colectivo protegido de mínusválidos, en su doble vertiente de prestación a quienes en su día contribuyeron y de ayuda garantizada a toda la población por la ley de integración social de los mínusválidos. Según el Instituto de Servicios Sociales, el primer grupo pasó durante el año 202.310 a 203.653 personas y en promedio anual su incremento fue del 1,1%. El segundo grupo, sin contar a Cataluña por carencia de datos, aumentó desde 25.140 a 62.836 personas.

Por último, las pensiones asistenciales (concedidas a los ancianos y enfermos o inválidos incapacitados para el trabajo que demuestren insuficiencia de recursos) tuvieron un decremento de 6.135 personas, equivalente al 1,8%.