Medidas combinadas para solucionar los problemas urgentes

Las reivindicaciones de las tres asociaciones judiciales asumidas, por la mayoría del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el pleno celebrado el 29 de abril último, afrontan los problemas actuales de la administración de justicia mediante medidas combinadas de emergencia, dignificación de la función y medición del trabajo.El plan de urgencia para los numerosos órganos judiciales atascados, que no pueden aguardar cuatro años a la plena entrada en vigor de la futura ley de Planta y Demarcación, propone la creación de nuevos órganos y otro tipo de medidas ágiles "que puedan ser operativas en breve plazo". Así, se propone asignación o aumento de personal colaborador y auxiliar, renovación de máquinas de escribir, fotocopiadoras y otros medios materiales, mejora de los sistemas de designación de personal interino mediante cursos intensivos y breves y la ampliación de servicios comunes para determinados tipos de diligencias.

Junto a estas medidas, en lo que se refiere al personal judicial, se propone autorizar la actuación de magistrados suplentes retribuidos "de forma que incentive su actuación", propiciar que !e cubran prioritariamente los juzgados de mayor carga de trabajo y conflictividad, concesión de comisiones de servicio para reforzar los juzgados que lo necesiten y dar la máxima publicidad a las convocatorias de estas plazas.

En materia de retribuciones a los jueces y magistrados, la mayoría de los cuales perciben sueldos mensuales inferiores a las 200.000 pesetas netas, se propone, como cifra retributiva del primer nivel de la judicatura 250.000 pesetas netas mensuales. Para los magistrados, tal retribución se elevaría en un 33%, con lo que percibirían unas 332.500 pesetas, y para los magistrados del Tribunal Supremo, la cantidad inicial se incrementaría en un 66%, lo que supondría sueldos mensuales netos de 415.000 pesetas. En todo caso, sin trienios.

Al margen de otros acuerdos sobre formación y perfeccionamiento de los jueces y magistrados, que no se trasladarán al Gobierno por ser competencia del CGPJ, el pleno del Consejo acordó un sistema para deternúnar los módulos de trabajo de los órganos judiciales. Con la colaboración optativa de técnicos consultores que asesoren al Consejo, se propone la fijación del volumen de trabajo estimado razonable en cada órgano judicial, si bien se precisa que "los módulos no se entenderán como un límite a la actividad y dedicación de jueces y magistrados". En todo caso, el módulo servirá de parámetro para la creación de otro órgano o el refuerzo del que exceda del volumen razonable.