El Gobierno aceptará las peticiones para desatascar la justicia y elevar los sueldos de los jueces

El Gobierno aceptará las reivindicaciones esenciales de las tres asociaciones judiciales, asumidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según fuentes gubernamentales y judiciales. Tanto el plan urgente para hacer frente al atasco de la Administración de justicia como la fijación del volumen de trabajo de cada órgano judicial y el aumento de las retribuciones a los jueces por encima del 30% serán aceptadas, aseguran tales fuentes, por el presidente del Gobierno, Felipe González, en la reunión con el presidente del CGPJ, Antonio Hernández Gil, fijada para el próximo 15 de junio.

El acuerdo sobre la celebración de este encuentro ha sido valorado por fuentes judiciales como una "noticia importante", ante todo, dijeron, "porque despeja las dudas abrigadas en los últimos días sobre si dicho encuentro al máximo nivel de los poderes ejecutivo y judicial se iba a celebrar". En cuanto a la fijación del miércoles, 15 de junio, como fecha concreta del encuentro en el palacio de la Moncloa, las mismas fuentes aseguraron que ha sido el propio Hernández Gil quien ha preferido retrasarlo hasta después de su comparecencia ante el Congreso de los Diputados para informar sobre la Memoria de 1987, prevista para el 8 de junio.En las asambleas de jueces y magistrados realizadas en las audiencias territoriales el pasado viernes para dar cuenta de las reuniones celebradas por tres representantes de las asociaciones judiciales con tres vocales del CGPJ, se constató un clima generalizado de desconfianza hacia la viabilidad del denominado cauce institucional. La mayoría de los numerosos asistentes a estas asambleas recordaron que no deben abandonarse las vías de presión.

Para muchos jueces y magistrados, la virtualidad del cauce institucional y, dentro de él, la anunciada reunión de Hernández Gil con González no sería más que un procedimiento dilatorio para impedir, sin resolver, el conflicto y, en concreto, el recurso a la huelga, votado favorablemente en algunas audiencias territoriales. Frente a esta posición, los partidarios de una política de consenso y de no enfrentamiento para hacer realidad las reivindicaciones judiciales, defendieron la eficacia de la asunción por el CGPJ de las peticiones asociativas y su traslado al Ejecutivo.

El 'cauce institucional'

Entre estos últimos, a lo largo del proceso iniciado en marzo de este año, destacaron algunos dirigentes de Jueces por la Democracia, que optaron claramente, como cuestión previa, por el cauce institucional, si bien la asociación judicial progresista, como puede leerse en la ponencia del juez Javier Martínez Lázaro al congreso que se inicia mañana en Santiago de Compostela, considera legítima "cualquier medida de presión constitucionalmente reconocida a los demás funcionarios públicos, entre ellos la huelga". De ahí que la noticia sobre la eficacia de la estrategia utilizada haya sido muy bien recibida por la mayoría del CGPJ, tanto porque evitará "problemas muy graves" como porque hará innecesario dimitir, única actitud que según varios consejeros quedaría tras la negativa gubernamental.

Por su parte, el portavoz de la asociación judicial progresista, Juan Alberto Belloch, momentos antes de salir desde Bilbao con los asociados vascos camino de Santiago de Compostela, manifestó a EL PAÍS su optimismo ante los previsibles resultados satisfactorios de "la iniciativa", dijo, "de Jueces para la Democracia". Belloch añadió que "mediante la asunción de las reivindicaciones judiciales, el CGPJ puede encontrar su lugar institucional y mediante la aceptación de las mismas por el Ejecutivo, tras haber sido estimadas razonables por el órgano de gobierno de un poder del Estado, se hará pedagogía política y se evitará un conflicto innecesario".

Fuentes del CGPJ resaltaron que la nueva dinámica fue provocada por el propio Felipe González, tanto en el último debate parlamentario sobre el estado de la nación -en el que acusó al CGPJ de no haber desarrollado sus competencias- como en varios encuentros con los miembros del Consejo, a quienes exhortó a asumir plenamente su función de gobierno del poder judicial. Tales fuentes resaltaron que mientras el Parlamento elabora sus propios presupuestos, incluidas las retribuciones de diputados y senadores, el poder judicial depende económicamente del Ejecutivo y sólo propone el presupuesto del CGPJ, pero no el relativo a la justicia y ni siquiera decide las retribuciones de jueces y magistrados.

2.700 millones de pesetas

Fuentes gubernamentales aseguraron, por su parte, que González ha sido receptivo al asesoramiento recibido en el sentido de que el colectivo de unos 2.000 jueces y magistrados es relativamente pequeño y el importe del aumento retributivo para 1989 -evaluado en unos 2.700 millones de pesetas sobre los sueldos actuales-, unido a las restantes medidas para solucionar el atasco dela justicia, tendría un importante efecto multiplicador.

También ha sido tenido en cuenta el agravio comparativo de jueces y magistrados respecto a otros juristas de similar formación que, por la vía del arancel, perciben retribuciones millonarias para incentivar su trabajo, a pesar de que su responsabilidad y función en ningún caso es mayor que la de los titulares del poder judicial.